La fiscalía española anunció este miércoles que pedirá cuatro años y nueve meses de prisión para el entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, quien será juzgado próximamente por un caso de presunto fraude fiscal.
En un extenso comunicado, la Fiscalía de Madrid indicó que “solicita cuatro años y nueve meses de prisión” para el técnico, a quien le imputa “dos delitos contra la Hacienda Pública” por haber defraudado presuntamente con más de un millón de euros en los ejercicios de 2014 y 2015, al eludir declarar sus ingresos procedentes de derechos de imagen.
El anuncio se produjo horas antes del partido entre el Real Madrid y el RB Leipzig de vuelta de octavos de final de Champions, tras el cual, Ancelotti se refirió a este caso.
“No es el sitio más indicado para hablar de esto, lo que puedo decir es que una vieja historia que ojalá se pueda resolver pronto, no tengo ningún problema, estoy muy tranquilo”, sostuvo Ancelotti en la rueda de prensa posterior al encuentro.
En julio del año pasado, un tribunal de Madrid ya había anunciado que llevaría a juicio al entrenador italiano, después de tres años de investigación.
El proceso todavía no tiene fecha fijada, indicó la Fiscalía.
Según la administración fiscal, Ancelotti declaró sus ingresos como entrenador del Real Madrid en 2014 y 2015, pero no los procedentes de derechos de imagen y otras fuentes, como algunas propiedades inmobiliarias.
“A pesar de que él mismo afirmó su condición de residente en España a efectos fiscales y de que reflejó que su domicilio estaba en Madrid, solo consignó en sus declaraciones de la renta las retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid”, explicó la Fiscalía en su comunicado.
Los ingresos derivados de la cesión de los derechos de imagen fueron -de acuerdo con el Ministerio Público- de 1.2 millones de euros en 2014 (1.3 millones de dólares) y de 2.9 millones (3 millones de dólares) en 2015.
Según un documento judicial consultado por la AFP, Carlo Ancelotti reconoció los hechos durante la investigación, lo que podría abrir una vía para llegar a un posible pacto con la Fiscalía para evitar una pena de prisión.
“Confuso entramado”
Para el Ministerio Público, las omisiones de Ancelotti en sus declaraciones de impuestos fueron voluntarias, ya que el técnico italiano “acudió a un ‘complejo’ y ‘confuso’ entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas para canalizar el cobro de los derechos de imagen”.
De esta forma “simuló” la cesión de sus derechos a entidades “carentes de actividad real” domiciliadas fuera de España “persiguiendo así la opacidad de cara a la Hacienda Pública española”, agrega el comunicado, citando los términos que utiliza la Fiscalía en su escrito.
Ancelotti, según el Ministerio Público, acordó de forma “paralela” a su firma como entrenador del Real Madrid, un contrato privado con el club por el que le cedía el 50% de sus derechos de imagen.
El otro 50% lo poseía una sociedad “innominada” y “no determinada” que “actuó en nombre y representación del entrenador italiano”, precisa la Fiscalía.
Carlo Ancelotti, de 64 años, fue técnico del Real Madrid en una primera etapa entre 2013 y 2015, antes de regresar al banquillo blanco en 2021. Conocido también como ‘Il Mister’, el italiano acumula un abultado palmarés de títulos en una carrera que le llevó también a dirigir clubes como el AC Milan, Chelsea o Bayern de Múnich.
Ancelotti no es la primera estrella internacional que tiene problemas con el fisco español.
Acusados también de fraude fiscal, los por entonces astros del FC Barcelona, Lionel Messi, y del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, fueron condenados a multas millonarias y penas de 21 y 24 meses de prisión respectivamente, que fueron sustituidas por el pago de sendas sanciones económicas.
En España, no obstante, las penas menores a dos años a personas sin antecedentes no suelen ejecutarse.
Igualmente, la cantante colombiana Shakira, que todavía tiene otra causa fiscal abierta, evitó en noviembre someterse a un mediático juicio en Barcelona por defraudar a la Hacienda española tras alcanzar un acuerdo de última hora con la Fiscalía para reconocer los hechos y comprometerse al pago de una multa de más de siete millones de euros.