El presidente francés, Emmanuel Macron, logró que la Asamblea Nacional aprobara su plan de “urgencia” para atenuar los efectos del poder adquisitivo, su primer texto desde que perdiera la mayoría absoluta.
“El espíritu de responsabilidad ha prevalecido para proteger a nuestros ciudadanos”, se felicitó la primera ministra Élisabeth Borne, tras su aprobación al término de cuatro días de debate. Ahora debe recibir el visto bueno del Senado.
El proyecto salió adelante con 341 votos a favor, 116 en contra y 21 abstenciones gracias al apoyo de la oposición de derecha y de extrema derecha. El frente de izquierda votó en contra, salvo los socialistas que se abstuvieron en su mayoría.
Como el resto de Europa, Francia enfrenta un alza de los precios de la energía y de la alimentación agudizada por la ofensiva rusa en Ucrania.
La inflación progresó en junio un 5.8% internual, según la oficina de estadística Insee.
Ya desde finales de 2021, el gobierno multiplicó las medidas para ayudar a hogares y empresas en un contexto de precampaña electoral, máxime cuando el primer mandato de Macron estuvo marcado por las protestas sociales (“chalecos amarillos”).
El proyecto de ley aprobado triplica el máximo de un prima de hasta 6.000 euros (6.100 dólares) libres de impuestos y cargas que las empresas pueden abonar a sus empleados y limita al 3,5% el alza de los alquileres.
Otras de las medidas incluidas buscan facilitar la anulación de las suscripciones en línea y desvincular la prestación para los adultos con discapacidad de los ingresos de su cónyuge. El gobierno había rechazado esta última hasta ahora.
Las críticas se centran sobre todo en el apartado energético. Cuando Europa busca independizarse del gas ruso, Francia abre la puerta a otras fuentes, incluso al gas de esquisto de Estados Unidos, y a relanzar una central de carbón.
“Remplazar el gas de [Vladimir] Putin por el gas de esquisto estadounidense (…) es una locura”, dijo la diputada ecologista Delphine Batho. Para la ministra del ramo, Agnès Pannier-Runacher, se trata solo de cambiar una energía fósil por otra.
El oficialismo, obligado desde junio a negociar, aceptó sobre todo las enmiendas presentadas por Los Republicanos (LR), pero también aceptó que se autorice el uso de aceites usados como combustible, como pedían los ecologistas.
Tras la aprobación de este texto, los diputados iniciaron el debate sobre la modificación de la ley de finanzas de 2022, que busca prolongar la rebaja de los carburantes y la limitación de la factura energética, entre otras medidas.
El debate podría extenderse durante el fin de semana en la Asamblea. Después el Senado deberá votar estos paquetes de medidas. La aprobación final se espera para inicios de agosto.