A fin de cubrir el suministro básico de energía, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podría aumentar 12% su presupuesto tan sólo en 2023; es decir, se requeriría casi el doble de subsidios para no aumentar de forma alarmante las tarifas eléctricas, según estimación de los expertos. Y es que, por los cambios a la Constitución que conllevaría la reforma, de acuerdo con Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano de la competitividad (IMCO), se elevarían los subsidios necesarios con el fin de mantener las tarifas domésticas de alto consumo, cuyo egreso para este año asciende a 73 mil millones de pesos. En su intervención en el seminario de Perspectivas Económicas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la experta explicó que, al ser legalmente dispuesto como único suministrador, comercializador, transportista y distribuidor de la energía en el país, y con la obligación de comprar hasta 46% de la energía a privados y generar el resto sin importar los costos, la CFE se verá obligada a beneficiar a los usuarios de tarifas comerciales, de alto consumo doméstico y hasta industriales, por el riesgo que implica para las finanzas públicas el aumento desmesurado de la energía, con lo que año con año subirá el subsidio para la empresa del Estado. “¿Cuánto? Lo iremos viendo conforme vaya avanzando. Pero no sólo el subsidio elevaría la presión de las finanzas públicas, sino que, para que la CFE pudiera darse abasto con la demanda que incrementará, tendrá que invertir en nuevas plantas mediante inversiones que no tiene contempladas”, comentó Moy. Por su lado, Duncan Wood, vicepresidente de Estrategia y Nuevas Iniciativas de Wilson Center, aseveró que la incertidumbre entre inversionistas se incrementa conforme se acercan los días para la discusión y posible aprobación de la iniciativa presidencial que modificaría los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Además, reveló que la absorción de los reguladores sectoriales, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) por parte de la Secretaría de Energía, como reguladores desconcentrados dentro del Ejecutivo, sin autonomía presupuestaria o de gestión, no hace más que crear dudas sobre la gobernanza y la confianza en las instituciones que conforman a México.
“El gobierno mexicano no está interesado en las energías renovables ni en su inversión”, indicó Duncan Wood, “la iniciativa demuestra que la ruta es distinta y los inversionistas lo perciben en los mercados con preocupación”.