La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al titular del Sistema Penitenciario federal, José Ángel Ávila, y al procurador federal del Consumidor, Francisco Ricardo Sheffield, por permitir la venta generalizada a altos precios de productos, al interior de estos planteles.
La CNDH les pide revisar y actualizar los convenios con las empresas, y los controles de precios en productos a la venta en el servicio de tiendas al interior de los penales, ya que los altos precios vulneran el derecho a la no discriminación y a la seguridad jurídica de las personas privadas de la libertad.
La Comisión refiere que logró documentar que desde junio de 2018 se tiene un convenio para la regulación de precios, suscrito entre la Profeco, el órgano desconcentrado del Sistema Penitenciario y la empresa encargada de la tienda al interior del Cefereso, mismo que no se encuentra vigente.
Además, se verificó que el método para fijar precios en los centros penitenciarios está basado en un comparativo elaborado por la Profeco, para una lista de productos, cuyo costo se fija sobre el precio más alto y más bajo del mercado en la calle.
Como criterio general, el convenio establece que los costos en los productos no deben rebasar 10% de los precios más altos identificados, lo que para la CNDH es discriminatorio y desproporcionado para las personas privadas de su libertad.
Asimismo, se constató que el catálogo de precios aplica de manera general en todos los Ceferesos del país, por lo que esta situación puede constituir una práctica monopólica que vulnera los derechos de toda la población penitenciaria.
“Se confirmó también que durante 2020 y 2021, la Profeco no realizó visitas de verificación en los diversos servicios de tienda de los Ceferesos, por lo que incumplió sus responsabilidades y omitió representar los intereses de los consumidores”, comentó.
Por ello, la CNDH solicitó al comisionado del Sistema Penitenciario y al titular de la Profeco que en el menor tiempo posible se actualice el convenio de colaboración para normar el funcionamiento del servicio de tienda al interior de los penales.