Detrás de los detractores del proyecto energético que impulsa el Gobierno Federal, habría un grupo de organismos que se benefició con la reforma energética de 2013, del entonces mandatario Enrique Peña Nieto, así lo dio a conocer Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de Schar Schol of Policy and Government, de George Mason University. Durante su intervención en el Foro “El Estado como garante de la soberanía y del Sistema Eléctrico Nacional”, del Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica, Correa Cabrera dijo que entre esos organismos estarían Iberdrola, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y México Evalúa, cuyos donantes afirmó, “son empresas privadas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá”. En su participación, Héctor Alonso Romero Gutiérrez, ingeniero en desarrollo sustentable por el Tec de Monterrey y jefe de la oficina del comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Luis Linares Zapa, calificó la reforma de la administración de Enrique Peña Nieto de ser, “un despojo del control energético, que debe ser recuperado a través de la reforma que está a debate”.
“Dicen que, con esta reforma, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrá demasiado poder para fijar las tarifas, pero ¿por qué deberíamos dar el poder a la iniciativa privada? Debemos recuperar la rectoría, el Estado debe ser el que garantice la distribución energética y no los privados, ello permitirá avanzar hacia una mejor economía, bienestar, soberanía y seguridad energética del país”, aseguró.En contraparte, Paolo Salerno, especialista en temas energéticos, reiteró que el Estado mexicano sí tiene la rectoría energética del país, mismo que está plasmado en la Constitución y descartó que la iniciativa privada se haya apoderado de la misma. Recordó que el Artículo 39 de la Constitución dice que “la soberanía reside en el pueblo”, mientras que el artículo 25 señala que, “corresponde exclusivamente a la nación, la planeación, el control, así como el servicio público de la transmisión y distribución de la energía pública”. Y prosiguió apoyando su hipótesis con el Artículo 18 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), donde se indica que, “el Estado ejercerá el control del sistema energético a través del Cenace, y la misma ley da tres facultades exclusivas a la CFE, que son prestar el servicio público de transmisión de energía, prestar el servicio público de distribución de energía y garantizar la prestación del servicio público a los usuarios finales”.
“Entonces en México nadie se va a quedar sin electricidad porque es una garantía constitucional llevada al pueblo a través de la empresa productiva del Estado. ¿Todo lo que establece la constitución y la LIE qué significa? Significa que el Estado es el rector, es lo que dice la constitución, no la digo yo. Dicen que el Estado ya no tiene la rectoría Energética, no es así, sí la tienen”, afirmó Paolo Salerno.En tanto que Julia González Romero, abogada de profesión, quien no está de acuerdo con la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal, apuntó que la reforma eléctrica en debate es violatoria del Artículo 24 de la Convención de Viena, de al menos 20 convenios bilaterales de protección de inversiones, y de una decena más de tratados multilaterales, “que dan a los inversionistas protegidos ciertos derechos que les permiten demandar directamente a México, lo que derivará en costos de indemnizaciones superiores a los 70 mil millones de dólares, equivalente a 20.3% del Presupuesto para 2022 y que deberá salir de nuestros impuestos”. Datos
- El Parlamento Abierto para la Reforma Energética se lleva a cabo desde el pasado 17 de este mes y concluirá el próximo 15 de febrero
- Se abordarán 19 foros