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Conasami inicia diálogo para aumento al salario mínimo 2023

FOTO: ARCHIVO

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) inició las mesas de trabajo para analizar el incremento al salario mínimo para el próximo año con varias propuestas de los sectores obrero y patronal.

La representación del sector obrero propuso un incremento de 25 % a los salarios mínimos, profesionales y de los 44 municipios de la Zona Fronteriza Norte. En tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) planteó un aumento de 15%.

Luis Munguía, titular de la Conasami, afirmó que el organismo tiene como meta de recuperación salarial un incremento de 50% al cierre del 2024, tomando como referencia el nivel de este año, lo que implicaría tener para el 2023 un aumento de cuando menos 20%.

El incremento que se otorgó en 2022 al salario mínimo general fue de 22% a 172.87 pesos diarios; mientras que un año atrás el acuerdo de los representantes de la Conasami fue por un incremento de 15 %.

En la negociación salarial de 2020, la iniciativa privada del país rechazó un incremento de esa proporción, ya que, aseguraron, provocaría el cierre de empresas y pérdida de empleos. Para 2021 su propuesta de aumento al mínimo se limitó a 10 % global.

El salario mínimo vigente es de 172.87 pesos diarios en la mayor parte del país

El salario mínimo actual es de 172.87 pesos diarios en la mayor parte del país, que implicó un aumento de 22 % respecto al otorgado en 2021. En la zona libre de la frontera norte asciende a 260.34 pesos diarios.

Dicho incremento, vigente desde enero de 2022, también impactó de manera positiva a los salarios mínimos profesionales del listado integrado por 61 actividades, oficios y trabajos especiales.

¿Qué es Conasami?

Es un organismo que pertenece a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Su labor es fijar y revisar los salarios mínimos generales y profesionales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las condiciones económicas y sociales del país, en un contexto de derecho del trabajador(a) a una vida digna.

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