El Consejo Constitucional francés validó este jueves el uso de un certificado sanitario que limita el acceso a restaurantes y bares a las personas que se hayan vacunado o hayan dado negativo a COVID-19.
Este controvertido certificado ha provocado varias jornadas de protestas masivas en todo el país, con críticos que acusan al presidente Emmanuel Macron de poner en marcha una dictadura sanitaria.
Pero el Consejo Constitucional, que vela por la conformidad de la ley con la Constitución y los derechos fundamentales, estimó que este certificado supone una conciliación equilibrada entre libertades públicas y protección de la salud.
Para incitar a la población a vacunarse, las autoridades impusieron desde el 21 de julio un certificado sanitario para poder ingresar a cualquier lugar de ocio o deportivo donde se concentren más de 50 personas.
Este certificado que acredita la vacunación completa o un resultado negativo en una prueba realizada en las 48 horas previas, será también obligatorio a partir del lunes 9 de agosto en restaurantes, bares, trenes de larga distancia y vuelos domésticos.
Asimismo, deberán presentarlo en los establecimientos de salud las personas que busquen atención médica no urgente y aquellos que visiten a familiares en residencias de ancianos
El Consejo Constitucional vetó, no obstante, la posibilidad de despedir de trabajos temporales a las personas que no tengan este justificante.
Sin embargo, los empleados pueden ser suspendidos del trabajo, sin sueldo, si carecen de certificado cuando la naturaleza de su trabajo lo exige.
Las protestas contra este certificado decidido por Macron reunieron el sábado a unas 200 mil personas en toda Francia y los organizadores convocaron nuevas manifestaciones para este fin de semana.
Alrededor de 54% de la población francesa está ya totalmente vacunada.