La crisis económica, derivada por la pandemia de COVID-19, se ha reflejado en el mercado laboral, tanto por el virus y sus efectos directos, como las medidas de distanciamiento que detonaron desde inicios del año pasado.
El equipo de Investigación de Oxfam México reveló que “2.1 millones de personas salieron del mercado laboral y también se registró la pérdida de un millón de empleos formales en la primera mitad del año 2020”.
El sector femenino se ha visto más afectado, debido a que, en gran mayoría, asumen la labor de cuidar a sus familiares.
La recuperación del empleo ha sido más lenta para las mujeres por el cargo de cuidados que presentaron durante este último año, ya que existen 4.1 millones de personas con disponibilidad para trabajar, pero no lo hacen porque tienen que cuidar familiares”, precisó Diego Vázquez, director de Investigación de Oxfam México, al subrayar que el 85% de estas personas son mujeres.
La suspensión de actividades educativas de manera presencial es una de las consecuencias por las que aumentó la carga de cuidados.
Este déficit laboral también mostró en las investigaciones que, por la brecha económica, “1.4 millones de alumnos no podrán concretar sus estudios, lo que afecta directamente a la estrategia de desarrollo económico, ya que no habrá capital humano preparado”.
Esta problemática refleja un espacio para la política pública, que cuente con herramientas que permitan a los jóvenes reincorporarse a sus actividades de educación de manera presencial.
Los efectos a largo plazo llevan una cadena que afectó en la dimensión de los derechos de seguridad social. Estos efectos vienen tras la pérdida de los empleos.
“En México las personas que se autoemplean (la mayoría de los trabajadores informales o con pequeños emprendimientos) no cuentan con seguro social de salud, educación o empleo”.
Los ingresos laborales, en los hogares mexicanos, son la principal fuente económica.
Entre 8 y 11 millones de personas podrían entrar en situaciones de pobreza tras los múltiples efectos que ha dejado la pandemia, pues en este lapso se registró un salto del 35 al 44% de personas que no pueden sustentar su canasta básica”, reveló Oxfam México.
En el estudio, se identificaron tres grupos en mayor riesgo, por un lado, las mujeres, que enfrentan la crisis dentro del mercado laboral, con una esperanza de que mejore la situación una vez reanudadas las clases.
El segundo son las personas mayores de 65 años en este sector el efecto en términos de salud fue grave, al ser el grupo de mayor riesgo de mortandad por COVID-19. Mientras que otro sector es la población indígena.
Lo que encontramos es que esta población a pesar de su edad sigue trabajando por la falta de seguridad social y de acceso a pensiones, lo que los somete a una exposición con mayor riesgo y una precariedad laboral y económica (…) En la población indígenas encontramos que se exacerbaron las desigualdades y vimos que la tasa de mortalidad aumentó en esta población”, indicó.
David Vázquez recomendó que las acciones de políticas públicas deberían ser con mayores estímulos económicos para proteger a la estructura productiva de manera integral y permanente. La perspectiva de género es sumamente importante porque podría significar un retroceso en la integración de las mujeres en el mercado laboral, repercutiendo en la pérdida de millones de empleos.
Mitigar el incremento de la pobreza en los grupos más vulnerables con programas sociales que sean sostenibles a largo plazo, como el seguro de desempleo, ingreso mínimo vital temporal, y un mayor apoyo fiscal temporal que pueda aliviar la angustia y el daño económico duradero”, externó el director de investigación de Oxfam México.