El Gobierno estadounidense amagó con iniciar un panel de solución de controversias bajo el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), si México no cambia su postura sobre el uso y la importación de maíz transgénico.
“Dejamos en claro hoy que si este problema no se resuelve, consideraremos todas las opciones, incluida la adopción de medidas formales para hacer cumplir nuestros derechos en virtud del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá”, señaló el Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).
Las diferencias se dan luego de que el Gobierno mexicano emitiera un decreto, desde el 31 de diciembre de 2020, para frenar la importación y uso de maíz transgénico de forma progresiva hasta 2024, lo cual advirtieron podría causar daños económicos por miles de millones de dólares a agricultores y ganaderos de ambas naciones.
El posicionamiento de la subsecretaria de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores, Alexis Taylor, y del jefe de Negociación Agrícola de la USTR, Doug McKalip, se dio luego de reuniones con funcionarios mexicanos en instalaciones de la Secretaría de Economía (SE) y la Cancillería, en la capital mexicana.
El subsecretario Alejandro Encinas, se reunió con Alexis Taylor, subsecretaria de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores, así como Doug McKalip, jefe de Negociación Agrícola de USTR para dialogar sobre el comercio del maíz indicó la Secretaría de Economía.
Los funcionarios estadounidenses señalaron que en estos diálogos se abordaron sus “graves preocupaciones con las políticas biotecnológicas de México”.
Además, aprovecharon para agradecer “el compromiso activo” de los funcionarios mexicanos tras del viaje del secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, a México en noviembre y las modificaciones propuestas al decreto presidencial compartidas por México a fines de 2022.
Sin embargo, los funcionarios sostuvieron que estos cambios no son suficientes y que la propuesta de México, con un enfoque que no está basado en la ciencia, todavía amenaza con interrumpir miles de millones de dólares en el comercio agrícola bilateral y causar un daño económico grave a los agricultores estadounidenses y ganaderos mexicanos.
Asimismo, advirtieron que esta medida podría sofocar las innovaciones importantes necesarias para ayudar a los productores a responder a los desafíos climáticos y de seguridad alimentaria apremiantes.