Bajo el título “Expediente Grupo Salinas“, el Gobierno de México transparentó los documentos que comprueban las millonarias deudas ante el SAT, de las empresas de Ricardo Salinas Pliego y que a la fecha ascienden a 63 mil millones de pesos, las cuales datan de 2008 y que no ha pagado anteponiendo estrategias legales.
Este expediente contiene 16 carpetas correspondiente a los 17 juicios que inició el empresario entre 2008 y 2018.
Todos estos adeudos se observaron por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un monto de 38 mil millones de pesos, pero al día de hoy con la actualización por la inflación y por los recargos asciende a un monto de 53 mil millones, y durante la actual administración el SAT ha emitido créditos fiscales por 10 mil millones de pesos, teniendo un adeudo total de 63 mil millones de pesos.
También contienen los estados financieros de las empresas Grupo Salinas, Nueva Elektra y TV Azteca, los cuales son públicos por ser empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores.
Justo en los anexos se encuentran cuatro categorías primarias, que a su vez cuentan con subcategorías que explican las acciones legales que enfrenta el dueño de TV Azteca. por ejemplo, en la carpeta de sentencias totales, se incluye el expediente del amparo en revisión, en el cual se documenta la compensación fiscal, un recurso mediante el cual, grupo salinas buscó pagar una cantidad menor al impuesto sobre la renta en 2010.
La compensación fiscal, que estaba contemplada en la ley hasta 2013, permitía a una persona moral compensar ganancias con pérdidas entre empresas de un mismo grupo.
El 90% de los recursos judiciales pendientes de Grupo Salinas, corresponden a los amparos que interpuso para hacer valer su derecho a la figura de compensación fiscal. En lo que va de la actual administración, Grupo Salinas ha pagado solo 4 mil 868 pesos, de estos, 2 mil 96 millones por auditorias y 2 mil 772 por decisión de un juez.
De acuerdo con el SAT, están pendientes de resolución por parte de un tribunal todavía siete resoluciones judiciales, que en su momento ya habían ganado las autoridades tributarias y que actualmente ascienden a 10 mil millones de pesos, pero que, por disposición de la Suprema Corte de Justicia, deberán resolverse los jueces.