Este jueves, durante el Foro 25 del Parlamento Abierto sobre la iniciativa de reforma eléctrica presentada por el Ejecutivo Federal, expertos, funcionarios y especialistas abordaron el tema “Decisiones del Poder Judicial en materia energética”.
Nancy Jocelyn Jiménez Camacho, jefa de oficina del jurídico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señaló que las resoluciones del Poder Judicial en ocasiones han sido excesivas al faltar al artículo primero constitucional.
Jiménez Camacho mencionó que la electricidad es un área estratégica que debe ser planeada de forma organizada y que se le considere como un bien jurídico tutelado por derechos humanos; por lo tanto, el Poder Judicial tiene que velar por intereses de los consumidores.
Para el abogado litigante Miguel Zárate, la propuesta del Ejecutivo limita la inversión sobre todo en generación de electricidad, lo cual se traduciría en un oligopolio que no funcionaría; indicó que desaparecer los órganos reguladores sería un error, porque trabajan y funcionan bien.
Si lo que se desea es que la ciudadanía tenga acceso a la electricidad, se deben mejorar las prácticas y los costos correspondientes. […]La Corte ha respetado los derechos adquiridos en materia energética al momento de emitir un amparo”, añadió Zárate.
Eduardo Méndez Sánchez, profesor de Derecho Económico en la UNAM, externó que la SCJN ha asumido cuestiones que “inevitablemente tienen que ser y que sencillamente no hay otra alternativa”.
El profesor universitario puso como ejemplo la reforma constitucional de 2013 y señaló que ésta tuvo como objetivo formar un mercado abierto y competitivo, el cual no puede estar limitado por la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad; el derecho de las empresas a participar está por encima de dichas condiciones, dijo el experto.
El Poder Judicial termina dando voz al conjunto de normas constitucionales, pero no hay un permiso a los jueces de resolver de forma arbitraria y discrecional”, agregó Méndez Sánchez.
Libre competencia y acceso a los mercados
Daniel Amézquita, litigante en las materias Administrativa y Constitucional, aseguró que se ha dado una nueva dimensión a derechos individuales, como el de libre competencia y acceso a los mercados, así como la protección al medio ambiente y la salud, pero ha habido ataque y revisión de ciertas modificaciones a partir de 2019 cuando un acuerdo de la CRE modificó los certificados de energía limpia.
El especialista en materia Administrativa y Constitucional, dijo que hay precedentes del Poder Judicial que señalan ciertos temas como inconstitucionales, además de una tendencia que comienza con acuerdos que eran ilegales y posteriormente se cambiaba la ley a beneficio.
El mensaje es bastante negativo: que las inversiones dependen de que se deje de declarar anticonstitucional la norma a partir de cambiar la Constitución”, mencionó Amézquita.
Nancy Jocelyn Jiménez Camacho comentó que estas modificaciones normativas no son un capricho, sino buscan enmendar agravios causados al usuario final, originados a través de los manuales del mercado, lo cual se cobra en los recibos; de ahí la importancia de que los jueces conozcan la materia.
La jefa de oficina del jurídico de la CFE dijo que las resoluciones que se analizan están encaminadas al tema del medio ambiente, por lo que sugirió que éstas ponderen los derechos humanos de ambas partes en las determinaciones, y pidió a los legisladores proveer de un Poder Judicial especializado que entienda la competencia en el mercado energético-eléctrico.
Se debe llegar a un punto donde efectivamente se ajuste la capacidad y el conocimiento de los jueces en el rubro energético para alcanzar una seguridad jurídica”, indicó Miguel Zárate.
Daniel Amézquita aclaró que las figuras de autoabasto y cogeneración tienen un plazo de 20 años y no se pueden renovar, además de que es falso que la SCJN haya decretado su inconstitucionalidad; sostuvo que se está excediendo porque no se propone, sino que se destruye con propuestas.
Es una vuelta a años atrás, en lugar de construir sobre lo que está funcionando y que tiene áreas de oportunidad para su mejoramiento. […] Es excesivo que lleguemos a revisar el texto constitucional”, mencionó Daniel Amézquita, litigante en las materias Administrativa y Constitucional.
Eduardo Méndez Sánchez enfatizó que toda generación tiene derecho a cambiar su constitución, así como las reglas, parámetros y principios sobre los cuales quiere organizarse, por eso calificó como peculiar que “se espanten” por una propuesta de reforma constitucional que, a su parecer, quiere satanizarse.
Se debe revisar el autoabasto, ya que conociendo más datos se observa que se viola la Constitución y la ley, y que particulares, lejos de utilizar las ventajas, han hecho un doble negocio”, dijo el profesor de Derecho Económico en la UNAM.
Méndez Sánchez aseguró que hay una falsa idea de que se está regresando al pasado.
Una reforma constitucional también responde a que en los mismos tribunales se fueron cerrando las puertas”, concluyó.
