La minera Vulcan Materials Company y su filial mexicana han llevado piedra caliza de México a Estados Unidos.
Las empresas han cometido ecocidio con el amparo de concesiones, el visto bueno de autoridades y el respaldo de una de las familias más influyentes en Quintana Roo, los Joaquín.
La filial mexicana de Vulcan Materials Company, Calizas Industriales del Carmen (Calica) explota desde 1986 parte del territorio del municipio de Cozumel, entre Punta Venado y Xcaret.
Por ahí cruzábamos y veíamos estos montones, porque desde aquí la isla de Cozumel se veían los montones de eso blanco, pues ¿Qué es? pues era Calica”, señaló la activista Guadalupe Álvarez, miembro de la Organización Cielo, tierra y mar.
Calica empezó la extracción en mil 200 hectáreas del predio La Rosita; activistas denunciaron el ecocidio.
Pese a la devastación, la empresa inició un litigio en 2018. El impacto ambiental afecta a un área de casi 10 millones de metros cuadrados, ahí cabrían hasta 150 estadios como el Azteca.
El acuerdo de 1986 lo autorizó Manuel Camacho Solís, entonces secretario de Desarrollo Urbano y Ecología; Daniel Díaz Díaz, secretario de Comunicaciones y Transportes y Pedro Joaquín Coldwell, gobernador de Quintana Roo e hijo de uno de los caciques de la zona: Nassim Joaquín Ibarra.
Las familias que llegaron, como la familia Joaquín, pues se apropian de grandes extensiones de tierra y precisamente es sabido, es conocido que parte de esos terrenos donde esta Calica, adyacentes a Calica, en Punta Venado, eran propiedad de la familia Joaquín”, explicó Fabiola Cortés, periodista y activista.
Nassim Joaquín era conocido como el tatich, que en maya significa ‘el señor’; dos de sus hijos han gobernado Quintana Roo.
Ese poderío económico que tuvo el señor Nassim Joaquín claro que derivó en que uno de sus hijos, Pedro Joaquín Coldwel, fuera gobernador […] Había intenciones de que toda la sucesión de Nassim fueran gobernadores, Ady Joaquín no lo logra, pero sí lo consigue el actual gobernador del estado, Carlos Joaquín González”, señalóFabiola Cortés, periodista y activista.
En este contexto se autorizó la concesión por 20 años, misma que manifestó de manera escueta el impacto ambiental que produciría, así lo mencionó el biólogo Luis Gonzaga Marrón.
“Fue muy buena descripción de lo que se iba a maltratar, de lo que se iba a afectar, pero no una buena evaluación como impacto ambiental”, señaló Gonzaga Marron.
En 1994 se dio una ampliación. Era el final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se autorizaron 30 años más, con el compromiso de que la empresa construyera una terminal portuaria pública. Pero no cumplió.
La activista Guadalupe Álvarez denuncia que incluso restringieron el acceso a la terminal.
“Nos han fastidiado mucho los de Calica, no han cumplido a lo que se comprometieron”, dijo la activista Guadalupe Álvarez.