En una reunión con la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, la oficial mayor de la Suprema Corte, Gisela Morales, y el secretario ejecutivo del Consejo de la Judicatura, José Alfonso Montalvo, defendieron el proyecto de presupuesto del Poder Judicial para 2024, el cual asciende a 80 mil 902 millones de pesos.
Ante cuestionamientos de los diputados de Morena y el Partido del Trabajo (PT), los funcionarios justificaron varios conceptos, incluyendo los bonos de riesgo otorgados a ministros, magistrados y jueces. Montalvo subrayó la importancia de estos bonos dada la constante exposición al riesgo en la labor judicial, citando casos emblemáticos de jueces asesinados y secuestrados en distintas partes del país.
En cuanto a una partida presupuestaria de cuatro millones de pesos destinada a jardinería, el legislador morenista Hamlet García expresó su preocupación al no encontrar jardines en los inmuebles del Poder Judicial. Morales explicó que este rubro incluye gastos de control de plagas, mantenimiento de áreas verdes y poda de árboles, y que la asignación de cuatro millones de pesos cubre 42 inmuebles, con solo 330 mil pesos destinados al edificio de la Suprema Corte en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Morales también aclaró que los fideicomisos que fueron extinguidos con la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial se constituyeron antes de que existiera una prohibición para concentrar remanentes, y que esto ocurrió a finales de los años 90.
El proyecto de presupuesto 2024 del Poder Judicial contempla un incremento del 3.3% en términos reales, equivalente a dos mil 610 millones de pesos más que el presupuesto autorizado para el año en curso. Sin embargo, señaló que este monto representa una disminución del 13.4% en términos reales respecto a lo autorizado en 2017.
El Consejo de la Judicatura propone destinar 466 millones de pesos para la creación de nuevos órganos jurisdiccionales y centros de justicia penal, así como para fortalecer tribunales laborales y juzgados de distrito.
La reunión tuvo lugar en el contexto del análisis del Presupuesto 2024 y refleja la atención detallada que se está prestando a cada partida presupuestaria dentro del Poder Judicial.
