El fin de semana pasado, funcionarios de Estados Unidos manifestaron su
preocupación por el posible impacto negativo que la iniciativa presidencial en materia energética, pudiera tener en las empresas e inversiones estadounidenses, en caso de ser aprobada.
Esta inquietud sería externada luego de la entrevista que tuviera Jennifer M. Granholm, titular de Energía de Estados Unidos, con altos mandos mexicanos, entre ellos el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard.
A través de un mensaje difundido por la Embajada de Estados Unidos en México,
Granholm habló de la incertidumbre del gobierno de Joe Biden sobre el futuro de la Iniciativa Privada (IP) de su país, en esa materia.
Pero no sólo eso, la funcionaria manifestó que hay inquietud en cuanto al manejo de energía limpia y clima. Por ello, dijo, es necesario mantener y mejorar los mercados energéticos abiertos y competitivos que benefician a América del Norte.
“Me aseguraron que México está comprometido a apoyar la energía limpia y a resolver las disputas actuales con proyectos de energía dentro del estado de derecho”, apuntó.
Jennifer Granholm dijo que en cada reunión transmitió las preocupaciones del gobierno de Biden-Harris sobre el posible impacto de las reformas energéticas propuestas por México en la inversión privada estadounidense.
¿Cuál es la preocupación?
- Cabe recordar que en 2021, el mandatario mexicano propuso reformas la Constitución a fin de restringir las ventas de electricidad de las empresas generadoras privadas y favorecer a la compañía estatal mexicana. El acuerdo sería que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mantendría el manejo de 54% y la IP 46%.
- El proyecto de ley cancelaría los contratos mediante, los cuales 34 plantas privadas venden electricidad a la red nacional.
- Por otro lado, declararía “ilegales” a 239 plantas privadas que venden energía directamente a clientes corporativos en México.
- Las termoeléctricas estatales que queman combustóleo tendrían preferencia. Asimismo, la iniciativa de reforma energética garantiza a la compañía eléctrica estatal una participación de mercado de al menos 54%, aun cuando el acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá prohíbe que se favorezca a las empresas locales o gubernamentales.
