Con la finalidad de terminar con la defraudación fiscal, los abusos hacia la clase trabajadora y transformar al sector laboral en uno más equitativo, justo y productivo, el Gobierno de México envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma integral en materia de subcontratación, práctica mejor conocida como outsourcing.
Afecta a los trabajadores porque de esta manera les niegan sus prestaciones laborales, los despiden a fin de año masivamente y no les reconocen sus derechos laborales fundamentales, ni aguinaldo ni reparto de utilidades”, declaró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Precisó que hay más de 4 millones y medio de trabajadores subcontratados en México.
La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, afirmó que esta figura sirve para que muchas empresas registren a sus trabajadores en la seguridad social con salarios menores a los reales; otorguen menores liquidaciones o manipulen licencias de maternidad, accidentes de trabajo o incapacidades, en detrimento de los derechos de más de 862 mil empleados en el país.
“Una de las prácticas que utilizan las empresas subcontratistas, es despedir o dar de baja a los trabajadores en diciembre y recontratarlos en enero o febrero, para no generar antigüedad”, dijo Luisa María Alcalde.
“Este fenómeno está orientado, se detecta en las grandes empresas, no en las medianas y en las pequeñas, que son las que quieren esta subcontratación, entonces vamos a ordenar esta situación”, dijo el mandatario.
La subcontratación altera además el monto de las pensiones, los fondos de vivienda, el pago de utilidades; genera importantes pérdidas en la hacienda pública afectando los servicios públicos y provoca inestabilidad en el empleo.
“Hoy presentamos una reforma integral que permita cortarle los tentáculos al pulpo de la subcontratación. Se prevén sanciones más severas para las empresas que incumplan. Se procederá por el delito de defraudación fiscal, no se permitirá que deduzcan impuestos y se impondrán multas a todas las empresas que incumplan”, precisó Luisa María Alcalde.
El Ejecutivo envió el proyecto a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y eventual aprobación.