El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, vetó parcialmente un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional para regular el uso opcional de criptomonedas, iniciativa que deberá ahora ser discutida nuevamente en el Parlamento.
“El Presidente acaba de vetar parcialmente el proyecto de Ley de Cripto”, manifestó en su cuenta de Twitter el diputado independiente Gabriel Silva, aunque no detalló a qué aspectos de la ley se opuso el Poder Ejecutivo.
En mayo, durante su participación en un foro económico en Ciudad de Panamá, el presidente adelantó que vetaría la norma.
“Tengo que tener mucho cuidado si la ley tiene cláusulas relacionadas con actividades de lavado de dinero. Las actividades contra el lavado de dinero son muy importantes para nosotros”, explicó en aquella ocasión.
Panamá lucha por quitarse el estigma de “paraíso fiscal“, con constantes pedidos de parte de la Cancillería para que la Unión Europea retire a esta nación centroamericana de su lista de países “no cooperadores a efectos fiscales”.
Además, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una entidad intergubernamental con sede en Francia que desarrolla políticas para evitar el blanqueo de capitales, mantiene a Panamá en su “lista gris” sobre lavado de activos y financiación del terrorismo.
El veto a la norma ocurre en momentos en que varias criptomonedas han sufrido fuertes pérdidas. No obstante, según el legislador Silva, el veto presidencial es “una oportunidad perdida” para generar empleos, atraer inversiones e incorporar la tecnología y la innovación en el sector público.
“El país merece más oportunidades y también inclusión financiera”, agregó Silva, quien adelantó que harán los “correctivos” necesarios.
En abril, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley que regulaba el uso opcional de criptomonedas, permitiendo incluso el pago de impuestos en el país con estos activos, además de operaciones civiles o comerciales.
En septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país a nivel global en autorizar el uso del bitcoin como moneda de curso legal y dispuso su aceptación en todos los comercios.
En 2016, Panamá fue el epicentro del escándalo conocido como los “Papeles de Panamá”, una investigación periodística que reveló cómo personalidades de todo el mundo escondieron dinero a través de un despacho panameño de abogados.