Pueblos, organizaciones sociales, cooperativas y colectivas de diversas partes de México, lanzan la campaña “Luces de las Resistencias”, cuya propuesta principal radica en profundizar en el modelo energético y la transición socioecológica, a través de una discusión pública, colectiva y democrática, ya que no sólo es un tema de expertos sino de competencia colectiva.
En el contexto sobre la Reforma en Materia Eléctrica que lanzó el Gobierno Federal, el pasado 30 de septiembre, y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26), los
pueblos y organizaciones demandan hablar sobre el tema y proponen que se aborde a partir de ocho temas principales.
Señalan que es necesario visibilizar que existen desigualdades estructurales y que los principales actores que consumen energía son las industrias mineras, cementeras, siderúrgicas y maquiladoras, “consumen tres veces más electricidad que el conjunto de la población”, por lo que denuncian que lo que se debe cuestionar, en otras cosas, es el
actual modelo económico que fomenta ese consumo.
“Requerimos un modelo que priorice las necesidades reales de reproducción de los pueblos -no del capital- y que sea construido sobre el debate continuo sobre los valores de uso necesarios para cada comunidad, pueblo, barrio y ciudad, así como sobre las tecnologías adecuadas a los contextos locales y culturales”, subrayan en la propuesta.
La campaña surge de una reflexión y de un largo trabajo que han sostenido por una década. Después de una reunión de los integrantes de la campaña, en noviembre de este año, decidieron lanzar una
serie de argumentos o “luces”, para abordar “el sentido de la transición energética desde el campo popular, poniendo en común alternativas energéticas sostenibles, justas y solidarias”.
Entre los temas que aborda la campaña resaltan la extracción del litio, la soberanía tecnológica sin dependencia al Norte Global, la prohibición del
fracking y el problema de las “mal llamadas energías limpias [que] hacen negocios sin preocuparse por el bienestar de los pueblos que habitan los lugares donde se instalan”, por lo que
comparten la relevancia de limitar la participación de las grandes empresas privadas, en la generación eléctrica, porque sus intereses se mueven por el modelo de acumulación de capital.
Asimismo, expresan preocupación ante la incertidumbre jurídica de pueblos y comunidades ante megaproyectos energéticos que han profundizado el despojo, represión y persecución contra quienes defienden las tierras y aguas comunes.
“Aunque la defensa de los servicios públicos debe ser prioritaria, no podemos dar por sentado que una empresa del Estado como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) va a garantizar el acceso a la energía sin afectar los derechos de los pueblos. Y es que la generación de energía por parte de la CFE, también ha violado derechos humanos, como lo hacen las empresas privadas”.
Consideran esencial explicitar que en la nueva reforma se plantee el derecho humano a la energía eléctrica y a una tarifa social justa porque es un tema de derechos humanos y no de mercado y precios.
“Mantenemos la preocupación de que se desdeñen otras formas sociales, comunitarias y populares de la gestión de la energía. Nos parece fundamental que la propuesta de reforma contemple con claridad las formas en las que las comunidades y la ciudadanía puedan participar activamente del debate energético, sin reducirlo a un debate sobre la electricidad, en atención al derecho humano a la energía y de formas más justas y democráticas de su gestión, como es la generación distribuida”, concluyen.
