La iniciativa de reforma eléctrica, en manos del Poder Legislativo, es un tema central, vital y estratégico para la nación y para el campo en particular, pues va ligado a la capacidad de alcanzar la autosuficiencia alimentaria, afirmó el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera.
La iniciativa debe ser difundida para que los actores sociales y productivos se informen adecuadamente, generen juicios, se sumen a la transformación energética e impulsen su aprobación en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales, señaló el funcionario al encabezar la conferencia 31 del Ciclo Autosuficiencia Alimentaria e Innovación Tecnológica con Prácticas Sustentables que organiza la Secretaría de Agricultura
Por otra parte el titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), Alberto Montoya Martín del Campo, expuso que el objetivo de la iniciativa de reforma son que el sector público tenga a su cargo exclusivo –como propiedad de la nación y de forma inalienable e imprescriptible– las áreas estratégicas que señala el Artículo 28, como son litio y demás minerales estratégicos, generación de energía nuclear, explotación y extracción de petróleo.
Alberto Montoya indicó que una apuesta central de la reforma es que México desarrolle autosuficiencia energética, y ello va ligado estrechamente a la capacidad de recuperar la autosuficiencia alimentaria del país, pues es necesario tecnificar con riego más de 90 millones de hectáreas que son de propiedad social o ejidal, para así elevar de forma significativa los rendimientos.
Destacó que México cuenta con una infraestructura de un millón de kilómetros donde se tiende la red eléctrica, y la reforma del 2013, que “es inviable, injusta e insostenible”, ha permitido que centrales privadas operen utilizándola sin pagar porteo ni transmisión, en detrimento de las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del pueblo mexicano.
Además, la CFE debe pagar a los privados estímulos por energías limpias, que a un plazo de 20 años van a significar 100 mil millones de pesos, lo cual representa el 50% de la inversión inicial de esas empresas, indicó.
Todo esto ha venido debilitando a la CFE, y es que la apuesta de la reforma de 2013 es que con el tiempo desaparezca la institución, y que la energía eléctrica –que debería concebirse como un bien estratégico de interés social y que hoy día es clave en el proceso de sustitución de hidrocarburos—quede en manos de empresas privadas, incluidas las extranjeras, manifestó.