Organizaciones indígenas de diferentes entidades presentaron una propuesta de modificaciones a la iniciativa de Reforma Constitucional en materia energética, presentada por el Ejecutivo Federal. Mario Castillo Quintero, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT, Oaxaca), señaló que el despojo de los bienes naturales ha tenido consecuencias en impactos ecológicos, sociales y económicos, en los pueblos y comunidades.
“Con esta iniciativa colectiva hecha entre pueblos y organizaciones indígenas exigimos se respeten nuestros derechos como lo es la Libre Determinación y exigimos ser partícipes en el sector energético, que desde hace décadas nos ha violentado con los despojos de nuestros bienes naturales y territorios”, externó en conferencia de prensa virtual.Precisó que los bienes naturales, como el agua, viento y tierra, se utilizan intensivamente para generar la energía para empresas privadas y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin que esto otorgue beneficios a sus comunidades. “En esta contradicción también mencionamos a los pueblos y comunidades sin acceso a la energía eléctrica, ni un buen servicio de electricidad, o simplemente no pueden pagarla porque las tarifas son excesivas. Nuestra demanda histórica es el reconocimiento constitucional de la energía eléctrica como un derecho humano, que está reconocido por instrumentos internacionales y por sentencias de tribunales mexicanos, por lo que debe ser general y amparar a comunidades equiparables, urbanas empobrecidas y otros sectores sociales marginados”, expresó Mario Castillo. También señalaron que para frenar la crisis climática no basta con tomar el control de la producción de electricidad o nacionalizar el uso del litio, sino que se tiene frenar la industria que contamina e intensifica los procesos de despojo, y mencionaron que esto no será posible sin la participación de los pueblos indígenas, quienes han defendido y resguardado, con su vida, los bienes naturales que dan vida a este planeta. Ofelio Julián Hernández, de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske y el Consejo Maseual Altepet Tajpianij, apuntó que la iniciativa de reforma “parte de un diagnóstico incompleto, según el cual todos los problemas se resolverán dando más poder a CFE”, sin embargo, denuncian que sus pueblos han vivido criminalización al defender sus territorios.
“La experiencia de los pueblos de Cuetzalan, Morelos, Nayarit y muchas otras regiones muestran la importancia de que la Reforma incluya de forma explícita la protección integral de las tierras indígenas y respeto al derecho colectivo a la propiedad territorial indígena y otros derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables, y de ejidos y bienes comunales”, expresó.La creatividad y el potencial de los pueblos y comunidades para gestionar diversas fuentes de energía de forma sustentable y equitativa es una de las modificaciones que se debe tener en cuenta, señalan. Plantearon la idea de construir un modelo alternativo de gestión energética propio, “construido desde el modo de vida comunitario y campesino de los pueblos para el Yeknemilis (Buen Vivir)”, con la participación de jóvenes e igualdad de género, teniendo como base un plan de vida para los territorios. “Desde esta reflexión, nos parece que la Reforma Constitucional no entiende a los pueblos y tampoco el problema de fondo, para nosotras el problema se centra en la imposición de un modelo energético dominante que es hegemónico, excluyente, patriarcal, insostenible, dependiente de combustibles fósiles y que está basado principalmente en una rentabilidad económica bajo principios de eficiencia/eficacia (…) Nuestra posición es clara, el Estado debe respetar y respaldar la participación de los pueblos en la construcción de un nuevo modelo energético”, mencionó Leticia Esteban, de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske y el Consejo Maseual Altepet Tajpianij. Desde los pueblos mencionaron estar de acuerdo en quitarles privilegios a las empresas privadas, y en que se modifique en profundidad, con un sentido social, la regulación de un sector tan importante. Para Juan Rodríguez Cabrera, comunero de Ciudad Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, se debe reconocer la participación como proveedores del sistema eléctrico nacional, para garantizar que construya bienestar y justicia social, desde los pueblos y para los pueblos. Puso como ejemplo, que en Ixtepec, la Asamblea de Comuneros decidió en 2008 aprovechar la fuerza del viento, en ese territorio, para beneficio colectivo de la comunidad.
“Cuando hicimos el ordenamiento territorial de nuestros bienes comunales, decidimos incluir un proyecto eólico comunitario, con el fin de generar ingresos para fines sociales colectivos, tales como la educación de los jóvenes, las pensiones de los campesinos, la inversión en sistemas de riego y proyectos productivos sustentables. Conseguimos apoyos técnicos y acceso a financiamiento en términos muy favorables para el proyecto, pero nos tropezamos con la negativa de CFE y de la Secretaría de Energía, que en los dos últimos sexenios han estado totalmente controladas por intereses empresariales. Nos cerraron el paso con requisitos diseñados para que solamente las grandes empresas y la Comisión puedan aprovechar las fuentes de energía de nuestros territorios”, expresó.Ante esto, estiman, la iniciática de Reforma Eléctrica es una gran oportunidad para poner la generación de energía renovable en manos de los pueblos.