La emergencia climática provocada por el impacto antropogénico es uno de los enormes retos que enfrenta el mundo. El
Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) advirtió que 97% del calentamiento global deriva del efecto invernadero provocado, y acelerado, por las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que derivan de las actividades del ser humano.
Ante ello, se habla de transición energética como una alternativa para hacer frente al cambio climático, ¿pero qué es y por qué afectará a los derechos humanos? ¿Qué sucede en nuestro país?
Transición energética
El IPCC advirtió en su informe presentado este año que urge limitar el aumento de la temperatura hasta 1.5° C. Además, es uno de los principales retos mundiales, expuestos desde el Acuerdo de París, que entró en vigor 2016.
En la pasada COP26 sobresalieron dos acuerdos: destinar más
apoyo financiero para ayudar a los países más desfavorecidos a lidiar con los impactos del cambio climático y
reducir gradualmente el uso del carbón como principal fuente de energía.
Esto último es de relevancia porque se conoce como descarbonización al proceso que radica en la reducción de emisiones dióxido de carbono (CO2) –
cuyo objetivo es que la economía global tenga bajas emisiones de carbono para lograr la neutralidad climática– y que se logrará a través de la transición energética.
La
transición energética se plantea como un cambio de paradigma de un sistema energético, basado en la dependencia de combustibles fósiles, hacia uno basado en fuentes de energías renovables.
No obstante, no ocurre de la noche a la mañana, y viene acompañado de una transición económica, tecnológica, social, política y cultural.
La humanidad ya ha experimentado antes otras transiciones en materia energética, por ejemplo, cuando se pasó del
uso de la madera al carbón (Siglo XIX) y del carbón a los hidrocarburos (Siglo XX), este último gracias al descubrimiento del
petróleo.
Las revoluciones industriales (desde la segunda mitad del siglo XVIII) trajeron consigo transformaciones de magnitud histórica, tal como han advertido historiadores como Erick Hobsbawn. No hay que olvidar tampoco que
vinieron de la mano del desarrollo del capitalismo, porque supusieron nuevas relaciones económicas, otros sistemas de producción, otras relaciones de trabajo, otras relaciones sociales y afectaciones medioambientales.
En las últimas décadas el aumento del consumo mundial de energía
provocó un aumento en las emisiones globales de CO2, por lo que científicos y científicas del IPPC advirtieron que desde 1850-1900 la temperatura aumentó 1.1°C y se prevé que en los próximos 20 años alcanzará o superará 1.5° C.
El capitalismo ha permeado las economías y ha generado impactos en la dependencia de las industrias; también han aumentado las demandas tecnológicas y ahora resulta complicado imaginar
un mundo sin tecnología.
En la actualidad, la transición energética no sólo se limita al cambio o transformación de ciertas prácticas individuales o al
desarrollo aislado de energías limpias. Las potencias mundiales apuestan ir hacia la electrificación, hacia el futuro digital, pero todo ello no está aislado de los impactos que puede generar hacia la sociedad en materia de derechos humanos, principalmente entre los países y los grupos más desfavorecidos.
México y la transición energética, un interés en derechos humanos
Los Estados deben asumir una política congruente que viabilice dicha transición, tal como advierte Marisol Anglés en su texto
“La transición energética en México: un objetivo de largo plazo” (Fundación Heinrich Böll, Heidelberg Center para América Latina, 2020). No obstante, la autora señala que el Estado mexicano en materia de
protección del medio ambiente, cambio climático y desarrollo sostenible, y su política actual está lejos de
descarbonizar la economía y avanzar hacia la sostenibilidad ambiental.
La autora enfatiza que para lograr la transición energética debe tener impacto en la mitigación de los efectos del cambio climático, debe contribuir al ejercicio de los derechos humanos –vinculados al medio ambiente– y, debe viabilizar el desarrollo sostenible.
La política energética actual en México se encuentra
centrada en la explotación y dependencia de los combustibles fósiles. La reforma energética aprobada en 2013 por la administración pasada, tuvo un impacto negativo en los derechos humanos y no ha cambiado.
“Se advierte podría continuar así, sí la administración actual no se encamina a una transición energética justa y con una perspectiva de derechos humanos, interseccional y de género”, enfatizan organizaciones civiles.
Desde 2015 diversas organizaciones civiles expusieron, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los impactos que tuvo dicha reforma (2013) expresada en la
falta de consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas (y con ello una serie de violaciones a sus derechos culturales, económicos y sociales), el despojo de sus territorios, dificultades en el acceso y transparencia de la información en materia energética e incremento en la criminalización a las protestas y a la oposición a proyectos energéticos con la aprobación de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, expedida en 2016.
Otro de los impactos fue en materia ambiental cuyas regulaciones resultaron ineficientes para reparar los
daños ambientales ocasionados por la exploración y explotación de hidrocarburos, conocido como
fracking.
Estos antecedentes en el país, causaron impactos negativos, sin embargo, continúan y poco se ha avanzado tanto en el tema de justicia como del panorama de transición energética.
Según el informe “Derechos humanos para una transición energética justa”, que presentaron 28 organizaciones civiles adherentes, señalan que, en el tema ambiental, el Estado mexicano ha avanzado poco para alcanzar la meta de generar
43% de energía limpia, tal como se comprometió en el año 2015.
“México generó 1.4% de las emisiones globales derivadas principalmente de la quema de combustibles fósiles en 2016, y es el duodécimo (12) país con mayores emisiones del mundo”, denuncian las organizaciones.
Critican que
México apostó por un modelo energético que prioriza la producción y uso de combustibles fósiles, lo que contraviene el Acuerdo de Paris y sus obligaciones en materia de derechos humanos.
“El
sector energético es el que más contribuye al cambio climático, con
71% del total de las emisiones de GEI del país, según el último Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGYCEI) de 2018”, afirman.
Enfatizan que los
abusos persisten en las industrias de energía renovable.
“México es el segundo país de América Latina (detrás de Honduras) con el mayor porcentaje de abusos (27%) relacionados con el derecho a la tierra y el territorio, el derecho a defender los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas en proyectos de energía renovable”.
Para asegurar una transición energética justa hacen un llamado para que se transforme el sector con base en principios ambientales y con un enfoque de derechos humanos, interseccional y de género. Advierten que de no hacerse así, se corre el
riesgo de que los derechos humanos y su panorama empeoren con el avance de la emergencia climática.
Porque la crisis climática, también va de la mano del aumento exacerbado de la violencia hacia las personas que defienden los territorios y recursos naturales. Según Global Witness, hasta 2020, reportó que México ocupa el segundo lugar con mayor número de asesinatos de defensores de los territorios.
El gobierno debe normar sobre el deber de debida diligencia en derechos humanos y medioambiente para la ejecución de proyectos de energía renovable para evitar que se replique la violencia social y ambiental que ha caracterizado al sector de los combustibles fósiles”, concluyen las organizaciones en su informe.
Entre las 28 organizaciones adherentes se encuentran la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT); el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTAMPT); Hábitat para la Humanidad México A.C. Iniciativa Climática de México (ICM); Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) y Ombudsman Energía México (OEM), entre otras.
