Con el objetivo de evitar que los recursos y programas públicos del Gobierno Federal sean utilizados con fines político-electorales, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) anunció la realización de una campaña de información en 30 dependencias federales, que incluye a secretarías de Estado, órganos desconcentrados y paraestatales.
La fiscalía especializada de la FGR informó que en coordinación con la Secretaría de la Función Pública (SPF) realiza cursos de capacitación, distribuye posters y mensajes en los edificios gubernamentales, donde trabajan alrededor de un millón y medio de funcionarios públicos.
Mismos que están advertidos de que en caso de incurrir en algún delito electoral, pueden ser sancionados, incluso con prisión preventiva oficiosa.
La FISEL detalló que entre las acciones iniciadas desde septiembre pasado, están la difusión de mensajes a través de correos institucionales, colocación de papel tapiz en los equipos de cómputo institucionales de cada dependencia federal, distribución y difusión de materiales alusivos al blindaje electoral al interior de las dependencias, además de mensajes alusivos en los recibos de pago de los servidores públicos.
Entre los delitos que podrían cometer los servidores públicos están el condicionar servicios, trámites o programas gubernamentales con fines político-electorales, así como condicionar o amenazar al personal para que vote o se abstenga de votar por algún precandidato, candidato, partido político o coalición.
También son delitos electorales solicitar al personal aportaciones para apoyar a algún precandidato, candidato, partido político o coalición; utilizar recursos públicos con fines político-electorales y hacer proselitismo en horario laboral.
Las acciones de blindaje electoral continuarán hasta el 2 de junio próximo, día de los comicios.
Durante el fin de semana de la jornada electoral se realizará el resguardo de inmuebles y vehículos para evitar que sean utilizados de manera irregular.
Cabe destacar que la utilización de recursos y programas sociales con fines electorales son sancionadas con hasta nueve años de prisión, multas y destitución e inhabilitación de dos a seis años para ejercer cargos públicos y amerita prisión preventiva oficiosa.
La FISEL recordó que los delitos electorales pueden ser denunciados en los sistemas de atención: fisetel 800 8 33 72 33 y fisenet.fgr.org.mx.