A 10 días de las elecciones del 2 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, como “medida excepcional”, contratar a funcionarios electorales locales para suplir las más de 800 vacantes de supervisores y capacitadores electorales a nivel federal.
En sesión extraordinaria, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, afirmó: “no estamos ante una crisis que no tenga solución; ni siquiera habría que llamarle crisis. Claro que, en tiempos venideros postelectorales, post jornada, el Instituto como siempre, habrá de realizar los análisis correspondientes”.
Los consejeros del INE explicaron que los sueldos no competitivos y la inseguridad en algunas zonas del país, son la causa de estos puestos faltantes.
Dicho argumento desató un pleito entre los representantes de los partidos políticos y hasta entre los propios consejeros. La oposición acusó que los recortes al Instituto generaron esta situación.
“Hemos visto incrementos escandalosos en obras públicas privilegiadas de este régimen, en dos, tres o cuatro veces su costo, claro por la mala planeación, por la corrupción que impera en obras como ‘Dos Bocas’, que ya vimos a dónde paran, en la riqueza de Rocío Nahle”, apuntó Emilio Álvarez Icaza, represente del PRD.
Por su parte, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados cuestionaron los altos sueldos de los consejeros electorales.
“Veo con mucha sorpresa que el consejero Ucc-Kib Espadas plantea que se ha desfondado financieramente al Instituto. Me gustaría que compartieran las cifras que plantean semejante temeridad y me gustaría que otra vez nos expliquen por qué ganan más que el presidente violando el marco constitucional”, cuestionó Gerardo Fernández Noroña, representante del PT.
A esto se sumó la denuncia del consejero Ucc-Kib Espadas, quien acusó que supervisores y capacitadores electorales también son víctimas de extorsiones del propio INE, cuyos funcionarios les advierten sobre “multas” de hasta 80 mil pesos para seguir dejándolos trabajar. Este señalamiento fue apelado por el consejero Jaime Rivera.
“Él debería saber que la extorsión es un delito, él lo ha repetido y nos los endilga con demasiada ligereza. Culpar al INE de una parte de la deserción de los capacitados electorales (…) también es un disparate aritmético”, indicó el consejero Rivera.
En otro tema, el INE también aprobó el financiamiento para instituciones y asociaciones que participarán como observadores electorales. Recibirán hasta 430 mil pesos que deberán ser fiscalizados.