Urgen a garantizar participación igualitaria de mujeres en elecciones 2024
De los más de 20 mil cargos en disputa, al menos 10 mil candidaturas deben ser ocupadas por mujeres.
Consejeras electorales señalan que el reto en proceso electoral federal 2023-2024 es que de los más de 20 mil cargos en juego, 10 mil candidaturas deben ser de mujeres, es decir al menos el 50%.
Las Consejeras Rita Bell López Vences, Carla Humphrey Jordan, Dania Ravel Cuevas y Claudia Zavala Pérez, coincidieron durante su participación en el foro “Los derechos de las mujeres: Más allá del sufragio en su septuagésimo aniversario”, organizado por la Comisión Interna de Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), e hicieron un llamado para que partidos políticos y autoridades electorales garanticen la participación libre de violencia y el ejercicio de sus cargos sin presiones, sobre todo en municipios, donde ocurren 70% de los casos.
Rita Bell López Vences aseveró que “no podemos seguir con las mismas prácticas de la política”, por lo aseveró que esa situación debe cambiar, principalmente a nivel municipal. Además también dijo que esas participaciones deben ser diversas y se debe incentivar la participación de mujeres indígenas y afromexicanas.
La Consejera Carla Humphrey advirtió que más del 70 % de los casos de violencia política surgen en el ámbito municipal y “es aquí donde tenemos una deuda muy importante y donde tenemos que trabajar de la mano de los municipios, para garantizar que las mujeres no sean violentadas por querer ocupar un cargo público”, señaló.
En ese mismo tenor, Dania Ravel Cuevas estableció que uno de los retos del INE es propiciar la toma de medidas en el ámbito municipal, donde el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS), tiene inscrito el 72% de los casos de violencia política.
Otro reto en el PEF 2023-2024, será hacer efectiva la Ley 3 de 3 contra la violencia, con la cual “tenemos que evitar que personas que hayan atentado contra la vida y la integridad corporal de una mujer, contra su libertad y seguridad sexual; que hayan violado su intimidad sexual o hayan cometido el delito de violencia política contra ellas en razón de género, o sean personas deudoras alimentarias morosas”, lleguen a cargos públicos o puestos de elección popular, señaló Ravel Cuevas.
Finalmente, Zavala Pérez manifestó que uno de los principales retos en el ámbito electoral es que el RNPS, así como la Ley 3 de 3, no sean considerados “como elementos meramente decorativos de nuestra legislación”, dijo.