Entran en vigor reformas vs. piratería y fraude

Las reformas establecen penas de prisión y multas para combatir la piratería y la falsificación de marcas de instituciones públicas.

Salvador Martínez 2 minutos de lectura

Las reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial entraron en vigor el pasado sábado 14 de noviembre, luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El decreto fue publicado en la edición vespertina del 13 de noviembre por la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. 

¿Qué contemplan las reformas?

Las modificaciones buscan combatir la piratería, la falsificación de productos y la suplantación de identidad de instituciones públicas con fines de fraude.

Entre las nuevas disposiciones se establecen penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes utilicen, reproduzcan, imiten o incorporen, a escala comercial, elementos de identidad gráfica institucional, logotipos, dominios electrónicos o documentos oficiales de una institución pública.

Esta conducta será considerada delito cuando exista la intención de engañar a la ciudadanía sobre el origen oficial de una comunicación o servicio y se busque cometer algún ilícito, como fraude o suplantación de identidad.

Las reformas también contemplan sanciones de dos a seis años de prisión para quienes comercialicen productos con marcas falsificadas.

En el caso de los Libros de Texto Gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se establecen penas de tres a siete años de prisión para quienes los comercialicen sin autorización.

Garantizan libertad de expresión 

Los impulsores de estas modificaciones sostienen que las nuevas disposiciones no prohíben los memes, la sátira ni la crítica política. 

De acuerdo con sus promotores, el objetivo es evitar que se utilice la imagen de dependencias gubernamentales para engañar a la población, cometer fraudes o hacerse pasar por autoridades e instituciones oficiales.

El decreto también establece disposiciones para los procedimientos penales que ya se encontraban en trámite al momento de su entrada en vigor. Estos continuarán y se resolverán conforme a las leyes vigentes cuando ocurrieron los hechos, salvo que las nuevas disposiciones sean más favorables para la persona imputada, acusada o sentenciada.

Finalmente, los artículos transitorios señalan que los gastos derivados de la aplicación de estas reformas deberán cubrirse con los presupuestos ya autorizados a las dependencias responsables.

Por ello, no se contempla un incremento a sus presupuestos regularizables ni la asignación de recursos adicionales para el ejercicio fiscal correspondiente.

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