Durante 64 años, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha sido cuestionada de actuar como un instrumento de intervención política disfrazado de cooperación.
En países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y recientemente México, se le ha acusado de intervenir en los asuntos internos, favoreciendo a sectores opositores y debilitando a gobiernos legítimamente electos.
En México, ha financiado a organizaciones vinculadas a la oposición política, la organización “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad“, de Claudio X. González. Esta ha recibido millonarias sumas, por ejemplo, sólo entre 2021 y 2024, obtuvo 96 millones de pesos.
Otra entidad que también ha recibido un apoyo significativo, es “México Evalúa”, dirigida por María Amparo Casar, y que obtuvo hasta 3.1 millones de dólares. Además de estas dos, existen otras asociaciones ligadas a la oposición, como “Instituto Mexicano para la Competitividad” (IMCO), “Data Cívica”, “Cómo vamos la paz con justicia y pro integridad”, que también reciben apoyo de esta fuente por más de 80 millones de dólares.
Fuera de nuestras fronteras, el Gobierno venezolano expulsó a la USAID, acusándola de promover actividades subversivas, por financiar al opositor Juan Guiadó.
En Nicaragua, la situación ha sido similar. El Gobierno de Daniel Ortega criticó abiertamente los esfuerzos de USAID para quitarlo del poder.
Estas situaciones han alimentado el escepticismo en la región por el doble juego de la USAID, que de fondo lleva intereses geopolíticos de Estados Unidos.