En Perú deben ser investigadas todas las personas, hasta del más alto nivel, que ordenaron o toleraron el uso ilegítimo de la fuerza letal por parte de elementos de seguridad para reprimir las manifestaciones opositoras, exigió Amnistía Internacional.
Esta ONG documentó 49 muertos en las protestas, entre diciembre y febrero, en las que el Ejército y la policía de Perú utilizaron balas de fuego, de goma y gases lacrimógenos.
Lo han matado con armamento de largo alcance, y ellos dicen que es mentira; eso no es mentira, por favor, nuestros derechos están siendo vulnerados. Los están matando sin piedad’’, afirmó una testigo.
Señaló que la mayoría de las víctimas eran manifestantes, observadores y transeúntes, y no terroristas o delincuentes como ha dicho el gobierno.
Usando testimonios, Amnistía destacó que ciudadanos y ciudadanas fueron intimidados para no salir a las calles a protestar contra la destitución del presidente Pedro Castillo.
“Vino la tanqueta y desde su ventanlla, nos decían no salgan, métete a tu casa, métete a tu casa’’, dijo otro testigo.
Además, sugirió que existe un sesgo racial y socioeconómico en el uso de la fuerza letal, porque las víctimas pertenecían a sectores indígenas y campesinos. De 25 muertes, informó, 20 pudieran ser ejecuciones extrajudiciales.