Amnistía Internacional hizo un llamado al gobierno de El Salvador para despenalizar el aborto en aquel país centroamericano.
La petición fue realizada en el marco de la discusión que se realizará este 22 y 23 de marzo en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) del caso Beatriz contra El Salvador, que podría incidir para despenalizar el aborto en aquella nación.
En entrevista con Once Noticias, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares, reconoció que el fallo que podrá emitir la Corte Interamericana es muy importante debido a que este órgano podrá decidir si la prohibición del aborto cuando una mujer está en riesgo viola la Convención Interamericana.
Este resolutivo, dijo, podrá tener implicaciones para otros países que a la fecha tienen totalmente prohibida está práctica como Honduras, Nicaragua y República Dominicana.
“Esperamos que pueda emitir un fallo que proteja los derechos de las mujeres y que garanticen que las mujeres, en El Salvador y en toda la región de las Américas, por lo menos podamos ejercer nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre todo en situaciones como estas”, señaló.
Para externar su solidaridad con las mujeres en aquel país, integrantes de Amnistía Internacional realizaron una concentración al exterior de la embajada de El Salvador en México, donde intentaron entregar una carta a la canciller de aquel país, Rosa Delmi Cañas de Zacarías.
El caso Beatriz vs El Salvador
Beatriz fue una mujer salvadoreña de la zona rural del país, que padecía de Lupus Eritematoso Sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoide. En el año 2012 dio a luz a su primer hijo, quien nació con síndrome de distrés respiratorio y tuvo que permanecer hospitalizado los primeros 38 días de vida. En febrero del año 2013, se le notificó de un segundo embarazo, mismo que los médicos del hospital determinaron de alto riesgo debido a sus enfermedades base.
Luego de exámenes médicos, se le dio a conocer que existía un “nulo pronóstico de sobrevida del feto”, por lo que ella solicitó la interrupción del embarazo, la cual le fue negada al ser un procedimiento prohibido en El Salvador por el Código Penal.
Debido al deterioro de la salud de Beatriz, las comunidades internacional y local hicieron llamados al gobierno de El Salvador para que le proporcionara el tratamiento prescrito por sus médicos y de acuerdo con los deseos de ella.
El 26 de abril, cuatro expertos de las Naciones Unidas (los relatores especiales sobre el derecho a la salud, la cuestión de la tortura y la violencia contra las mujeres, y la presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Discriminación contra las Mujeres) pidieron al gobierno salvadoreño que proporcionara urgentemente a Beatriz el tratamiento médico que necesitaba para salvar su vida.
A pesar de este escenario, en mayo del 2013, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo a Beatriz mediante el que solicitaba que se ordenara a las autoridades del Hospital Nacional de Maternidad la realización de la interrupción del embarazo para salvaguardar su salud y su vida.
El 29 de mayo del 2013, la Corte IDH ordenó la interrupción del embarazo mediante medidas provisionales, el cual se realizó 81 días después. El 3 de junio del 2013, se realizó la interrupción del embarazo y la esterilización solicitada por Beatriz. Las secuelas que dejó esta grave tardanza fueron irreparables para la salud física y mental de Beatriz, quien falleció en 2017 por un accidente vial. Su cuerpo no pudo soportar una batalla más.
Luego de casi 10 años de los hechos, el 5 de enero de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte IDH el caso de Beatriz respecto de El Salvador, siendo así la Corte IDH la que podrá decidir sobre la responsabilidad internacional del Estado salvadoreño por las violaciones a los derechos de Beatriz y su familia debido a la prohibición absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo, decisión que terminó con su vida.