El Pleno del Parlamento Europeo aprobó una ambiciosa regulación sobre el uso de la inteligencia artificial en la Unión Europea, en el último paso antes de su adopción formal en todo el bloque.
En la plenaria de este 13 de marzo, la ley obtuvo un amplio respaldo, siendo aprobada por 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones. El proyecto de ley original, considerado inédito a nivel mundial, había sido presentado por la Comisión Europea en abril de 2021.
Sin embargo, la aparición a finales de 2022 de ChatGPT, de la empresa californiana OpenAI, le otorgó al proyecto una nueva dimensión. Este sistema reveló el enorme potencial de la IA, pero también expuso sus riesgos. La difusión de fotografías o vídeos falsos puso de relieve el peligro de manipulación de la opinión pública.
“Este es un día histórico en nuestro largo camino hacia una regulación de la Inteligencia Artificial”, dijo el legislador italiano Brando Benifei, uno de los ponentes del texto.
En su último discurso antes de la votación, Benifei comentó que se trata de la “primera regulación en el mundo que define un camino claro hacia un desarrollo de la inteligencia artificial centrada en los seres humanos”.
Por su parte, el comisario europeo de Mercado Interno, Thierry Breton, saludó que el voto de este miércoles en el Parlamento Europeo significa que la Unión Europea es un “definidor de estándares” en materia de una inteligencia artificial “confiable”.
Luego del voto, se espera que los 27 países del bloque respalden esta ley en abril, y que el texto sea publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea en mayo.
Modelos con requisitos diferentes
La normativa adoptada prevé que los modelos de inteligencia artificial de “propósito general” deberán cumplir con las obligaciones de transparencia, así como con las normas europeas de derechos de autor.
En tanto, los sistemas considerados “de alto riesgo” (como los utilizados en infraestructuras críticas, educación o aplicación de la ley) estarán sujetos a requisitos más estrictos. Estos sistemas tendrán que prever la implementación de un análisis de impacto obligatorio sobre los derechos fundamentales.
El texto respaldado por los eurodiputados también prevé prohibir la calificación ciudadana o los sistemas de vigilancia masiva, o incluso la identificación biométrica remota de personas en lugares públicos.