El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo llamó este martes a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a exhortar al Gobierno de su país a poner fin al “acoso” de la fiscalía, porque a veces los golpes de Estado no se dan con bayonetas sino desde las cortes”.
Durante una sesión extraordinaria de la OEA, el líder socialdemócrata solicitó que “se emita una declaración o resolución en términos claros y contundentes” sobre la crisis en Guatemala, donde miles de manifestantes exigen la renuncia de la fiscal general por su embestida judicial contra Arévalo, su partido Semilla y el Tribunal Electoral.
El ganador de las elecciones de agosto estima que el texto debe instar al gobierno del presidente Alejandro Giammattei “a cumplir con sus responsabilidades constitucionales, con sus compromisos con la democracia, para instruir al ministerio público a que cese el acoso y la persecución penal”.
“Lo que estamos viviendo en nuestro país es una persecución política por medio de acciones judiciales sin fundamento real”, insistió por vía telemática Arévalo, quien debe asumir el cargo en enero.
Se trata, aseguró, de un fenómeno que se da en distintos países donde los golpes de Estado tradicionales llevados a cabo con fuerzas de seguridad y con bayonetas han sido reemplazados por actos de aparente legalidad, pero con los mismos fines, que se llevan a cabo desde las cortes de justicia y desde los Congresos.
El país centroamericano atraviesa una grave crisis sin aparentes visos de solución.
La OEA envió a delegaciones en varias ocasiones y ahora, a petición del gobierno guatemalteco, debe entablar un proceso de mediación, que se anuncia complicado.
Giammattei desmiente al presidente electo, al asegurar que no se puede cometer un golpe de Estado contra alguien que no ha asumido la presidencia, y le invita a reunirse con los delegados de la OEA, pero ha calificado de “ilegales” los bloqueos de los manifestantes.
Arévalo salió este martes en defensa de los manifestantes pacíficos.
Interlocutores
“Es conveniente determinar bien entre quiénes podría darse una mediación si se espera que dé lugar a acuerdos serios”, afirmó, y propuso que se haga entre el gobierno, que tiene “el control real” sobre la fiscalía, y los líderes de los pueblos originarios, que han convocado la movilización, a la que se han sumado estudiantes, profesores, médicos y otros gremios.
“Ellos son ahora los interlocutores legítimos en cualquier diálogo que pueda darse con el gobierno en torno a la crisis”, expuso el presidente electo.
En la sesión también intervino el canciller guatemalteco, Mario Búcaro. “El derecho de manifestación no es absoluto sino que tiene sus propios límites”, dijo en la sede de la organización en Washington.
Como ha hecho en otras ocasiones, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, criticó duramente a la fiscalía, cuyas acciones “de confiscar material electoral no son aceptables”.
La OEA no reconoce al ministerio público como autoridad electoral, reiteró.
“Es muy importante que todos los actores políticos, incluido el Ejecutivo, dejen claro, muy claro que se separan de las acciones inconstitucionales, de las acciones ilegales del ministerio público”, según Almagro.
Entre tanto la fiscal general, Consuelo Porras, considerada “corrupta” y “antidemocrática” por Estados Unidos, se niega a dimitir.