Este lunes, iniciaron los alegatos iniciales en el juicio por sedición de varios miembros de la milicia de extrema derecha Oath Keepers, incluido su fundador, Stewart Rhodes, más de 20 meses después del asalto al Capitolio de Estados Unidos.
Rhodes, un exmilitar conocido por su parche en el ojo y sus feroces diatribas, y cuatro líderes de milicias regionales están acusados de atacar la sede del Congreso en Washington el 6 de enero de 2021 con el fin de mantener a Donald Trump en la Casa Blanca, a pesar de su derrota electoral.
Ese día, los cinco asaltaron el templo de la democracia estadounidense junto a otros mil partidarios del republicano Trump, en momentos en que los congresistas certificaban la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.
Acusados presentes en la sala
Se espera que sus abogados aleguen que no querían derrocar al Gobierno, pero que esperaban que Trump declarara el estado de insurrección, en virtud de una ley de 1807, que permite a los presidentes estadounidenses movilizar ciertas fuerzas armadas en circunstancias excepcionales.
El abogado de Rhodes también le pidió al magistrado que prohibiera durante el juicio el uso de términos que se usan con frecuencia para referirse a los Oath Keepers, como “antigubernamental”, “milicia organizada”, “extremistas”, “racistas” y “nacionalistas blancos”.
Desde la asonada al Capitolio, más de 870 personas fueron detenidas y alrededor de 100 recibieron penas de prisión, incluidos los autores de violencia contra la policía, pero hasta ahora, nadie había tenido que enfrentar la acusación de “sedición”.
Rhodes, Kelly Meggs, Thomas Caldwell, Jessica Watkins y Kenneth Harrelson son los primeros en ser juzgados en este cargo.
Este cargo se deriva de una ley aprobada después de la Guerra Civil estadounidense para reprimir a los últimos rebeldes del sur. Castigado con 20 años de prisión, implica haber planeado el uso de la fuerza para derrocar al gobierno u oponerse a una de sus leyes. Se diferencia de la insurrección, que tiene un carácter más espontáneo.
Según el acta de acusación, los seguidores de Trump “conspiraron para oponerse por la fuerza a la transferencia legal del poder presidencial”.
En concreto, Rhodes es acusado de haber comenzado a reunir a sus tropas en noviembre de 2020.
“No vamos a salir de esto sin una guerra civil”, les escribió dos días después de las elecciones presidenciales, en un mensaje encriptado.
Los miembros del jurado para este juicio fueron seleccionados la semana pasada después de que el juez Amit Mehta negara una solicitud de la defensa para trasladar el juicio fuera de Washington con el argumento de que los residentes podían estar predispuestos en contra de los acusados debido a la violencia desatada el 6 de enero de 2021.
Exguardia de seguridad es acusado por asalto al Capitolio
La semana pasada, Timothy Hale-Cusanelli, de 32 años, trabajaba como guardia de seguridad en una estación naval en Nueva Jersey, cuando se unió a la turba protrump que irrumpió en el Capitolio, según informó el diario The New York Times.
En un juicio celebrado en mayo, en el Tribunal Federal de Distrito en Washington, Hale-Cusanelli, quien es el séptimo acusado de disturbios en ir a juicio, fue condenado por cinco cargos penales, incluyendo la obstrucción de la certificación de los resultados de las elecciones de 2020.
El acusado, señala el diario, ha tratado durante el juicio de restar importancia a su papel en el asalto, alegando que no tenía “ni idea” de que el Congreso se reunía en el Capitolio; sin embargo, los fiscales argumentaron que a Hale-Cusanelli, le gustaba vestirse muy a menudo de Adolf Hitler y que suscribe las ideologías de la supremacía blanca.
En este sentido, en un memorando de sentencia presentado la semana pasada por el Gobierno de Estados Unidos, se evidencia que Hale-Cusanelli le dijo a su compañero de habitación en la estación naval que se había sentido entusiasmado por el asalto al Capitolio, comparándolo con una “guerra civil”.
Investigación sobre el asalto al Capitolio
Por otra parte, la Comisión Parlamentaria que investiga el asalto al Capitolio por seguidores de Trump, demostró el alcance de las presiones ejercidas por el exmandatario sobre responsables electorales, tras la elección presidencial de 2020, que ganó Joe Biden.
“Las y los miembros del comité estimaron que el expresidente falló en su deber de comandante en jefe, ya que Donald Trump no llamó al ejército, al fiscal general ni a Seguridad Nacional, mientras veía por televisión la revuelta”, dijo la representante republicana Liz Cheney, vicepresidenta del comité.
El trabajo de la Comisión no conlleva consecuencias penales, es el Departamento de Justicia el que debe decidir si lleva el caso ante un tribunal.
Los fiscales federales que investigan el asalto al Capitolio ya condenaron a alrededor de un centenar de personas. El dilema actual es el que enfrenta el secretario de Justicia, Merrick Garland, quien se muestra prudente aunque no excluye esa posibilidad la posibilidad de apuntar a las personas responsables de la Casa Blanca.
“Cada persona penalmente responsable de los esfuerzos por anular la elección deberá responder por sus actos”, declaró.
Donald Trump también es objeto de investigaciones sobre sus intentos por anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y su papel en la asonada de sus seguidores.