Con la llegada de personas ucranianas hubo respuesta inmediata de Estados Unidos y México en contraste con otras poblaciones; denuncian apartheid (sistema de segregación racial que se instauró formalmente en Sudáfrica en 1948) migratorio por política selectiva.
La llegada de personas ucranianas con necesidades de protección internacional a la frontera de Tijuana-San Diego, registrado desde febrero hasta la actualidad, generó una respuesta inmediata por parte de los gobiernos de Estados Unidos y de México en contraste con la respuesta hacia otras poblaciones solicitantes de asilo –centroamericanas, haitianas, africanas y personas mexicanas desplazadas internas– por lo que diversas organizaciones exigen que el asilo no debe ser diferenciado.
De acuerdo con estas organizaciones humanitarias, englobadas por el Observatorio de Racismo en México y Centroamérica, la movilidad ucraniana ha sido abordada desde una perspectiva humanitaria y sensible mientras que hacia poblaciones latinoamericanas y del caribe el trato ha sido racializado, de marginación y criminalización.
La migración ucraniana ha dejado al descubierto el inadmisible trato desigual y la aplicación selectiva de la política migratoria con un fuerte componente racista que excluye y discrimina a las personas migrantes racializadas y no europeas”, señalan.
Denuncian que en el caso de Estados Unidos se han desplegado fuerzas humanas y financieras, para habilitar un procedimiento que facilite el ingreso de familias ucranianas y cuya dinámica se sustenta en la admisión diaria de 500 y mil personas.
Fue así que desde principios de abril el gobierno estadounidense comenzó a ampliar su capacidad para recibir a 100 mil personas ucranianas, como anunció Joe Biden. Desde el 4 de abril Chris Magnus, titular de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) había anunciado el trabajo en conjunto con el Servicio de Inmigración y de Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para posibilitar el incremento de la capacidad de atención.
Posteriormente, el 6 de abril, el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) confirmaron que habían comenzado a procesar a las personas ucranianas bajo la figura de permiso humanitario (humanitarian parole).
Hasta ahora se han procesado bajo esa figura a 12 mil personas ucranianas, mientras que 9 mil 600 personas de nacionalidades no europeas están a la espera desde marzo de 2020.
Las organizaciones critican que DHS se comprometió a no separar a las familias ucranianas, no así con el contraste de la política de cero tolerancia que separó a 5 mil 500 familias, entre 2018 y 2021, y que hasta la actualidad siguen sin ser reunificados más de mil niños y niñas.
Aunado a ello la no aplicación de la política del Título 42, vigente desde marzo de 2020 bajo el pretexto de la contingencia sanitaria, que exenta a las personas ucranianas.
La respuesta del gobierno mexicano no ha distado de las acciones del vecino del norte. Al respecto las 14 organizaciones firmantes –entre las que se encuentra IMUMI, Racismo MX, Espacio Migrante y otras– señalan que ha facilitado servicios para la atención de la población ucraniana y el Instituto Nacional de Migración “expide sin obstáculos una visa de turista a las personas ucranianas”.
Por esta situación exigen la abolición de las restricciones impuestas en la frontera en perjuicio de las miles de personas que solicitan asilo, “denunciamos el apartheid migratorio que ha generado la política migratoria de asilo de admisión selectiva por parte de los gobiernos de Estados Unidos y México”.
Manifiestan solidaridad con el pueblo ucraniano cuyo desplazamiento se sustenta en el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.
Urgimos a los gobiernos de México y Estados Unidos a generar medidas que permitan que las personas con necesidades de protección internacional accedan a este derecho sin importar el país de donde vienen, dejando de lado tratos arbitrarios, racistas y discriminatorios […] Por eso esperamos y exhortamos […] a que se apliquen las mismas condiciones de apoyo a nuestras hermanas latinoamericanas, caribeñas y africanas en situación de desplazamiento por violencia y vulnerabilidad”, enfatizan.