Dos bases aéreas fueron atacadas con cohetes este jueves en Myanmar, en el marco de la violencia desatada desde el golpe militar del 1 de febrero, que derrocó a Aung San Suu Kyi.
Se lanzaron cohetes contra las bases de Magway y Meikhtila, ubicadas en el centro del país, sin provocar heridos, de acuerdo al ejército.
El ataque no fue reivindicado y las fuerzas de seguridad investigan para capturar y juzgar a los autores de estos actos”, comentó el capitán Aye Thazin Myint.
Myanmar se ha visto sacudida por una oleada de manifestaciones y una campaña de desobediencia civil tras el Golpe de Estado.
También aumentaron las tensiones entre los militares y determinados grupos étnicos.
En particular, estallaron incidentes cerca de la frontera con Tailandia en el sureste del país, entre el ejército y uno de los principales grupos insurgentes, la Unión Nacional Karen (KNU).
Éste ha sido el último ataque desde fines de marzo contra bases militares y el ejército ha respondido con ataques aéreos, por primera vez en más de 20 años en esta región.
Este jueves, se lanzaron nuevos ataques aéreos en la región, de acuerdo al gobernador de Mae Hong Son, provincia fronteriza tailandesa, Sithichai Jindaluang.
Más de 24 mil civiles han sido desplazados como consecuencia de la violencia en esta zona.
También hubo enfrentamientos en el extremo norte del país, entre los militares y otra facción étnica, el Ejército de Independencia de Kachin (KIA).
Desde la independencia de Myanmar, en 1948, muchas facciones étnicas han estado en conflicto con el Gobierno central para obtener una mayor autonomía, el acceso a importantes recursos naturales o a una parte del lucrativo tráfico de drogas.
En los últimos años, los militares alcanzaron un Acuerdo Nacional de Cese el Fuego (ANC) con 10 de estos grupos, incluido el KNU.
Pero, tras el Golpe de Estado, varios han retomado las armas, condenando la sangrienta represión desatada por la junta contra sus opositores.
Casi 760 civiles han muerto a manos de la policía o por los disparos del ejército en los últimos tres meses, según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAPP).