El ataque en un club nocturno LGBTIQ+ de Colorado, Estados Unidos, por parte de un presunto pistolero que fue arrestado el año pasado en relación con una amenaza de bomba, ha renovado las dudas sobre las leyes de bandera roja que se usan de manera irregular y de formas muy diferentes en toda la Unión Americana.
Las leyes, que permiten a los tribunales emitir “órdenes de protección contra riesgos extremos” (ERPO, por sus siglas en inglés) retirando las armas de fuego de las personas consideradas en riesgo de hacerse daño a sí mismas o a otros, han sido promocionadas por los defensores de la seguridad de las armas como herramientas cruciales para prevenir tiroteos masivos como el ataque del fin de semana en Club Q en Colorado Springs.
Sin embargo, los datos muestran una discrepancia significativa en el empleo de las leyes de bandera roja en los 19 estados que las han implementado, con menos peticiones en Colorado que en muchos otros estados.
No está claro si utilizar la ley del estado habría evitado el tiroteo del sábado, que dejó al menos cinco muertos y 17 heridos de bala en lo que pudo haber sido un crimen de odio. La policía aún no ha dicho cuándo o cómo el presunto tirador, Anderson Lee Aldrich, de 22 años, pudo haber adquirido las armas encontradas en la escena.
Sin registros judiciales
Pero los registros judiciales indican que Aldrich no fue procesado después de que su madre informara en junio de 2021 que la estaba amenazando con una bomba, municiones y otras armas.
El informe provocó un enfrentamiento con los negociadores de las fuerzas del orden y la evacuación de las casas vecinas.
Sin embargo, las autoridades no parecen haber presentado una petición para confiscar cualquier arma que Aldrich pudiera haber tenido en ese momento bajo la ley de bandera roja del estado.
La oficina del alguacil, que respondió a la llamada, y la oficina del fiscal de distrito local no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el caso de 2021.
Pocas solicitudes de órdenes de protección contra riesgos extremos
Las ERPO generalmente requieren que la policía retire las armas de la persona en cuestión y prohíba que la persona compre nuevas armas.
En Colorado, un juez puede emitir una ERPO temporal por hasta dos semanas o hasta que se celebre una audiencia judicial para determinar si se extiende la orden hasta un año.
El estado ha visto relativamente pocas solicitudes de órdenes de protección contra riesgos extremos desde que aprobó su ley en enero de 2020.
Un estudio encontró 109 solicitudes en el primer año. Chris Knoepke, profesor de la Universidad de Colorado que ha estudiado el tema, dijo que los datos de 2021 y 2022 muestran un ligero aumento en el uso.
Por el contrario, se han presentado más de 9 mil peticiones en Florida desde que el estado aprobó su ley en 2018, después del tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas que mató a 17 personas.
“Es desgarrador cuando escuchas una de estas historias y te preocupa que se haya perdido la oportunidad de hacer algo al respecto”, dijo Knoepke.
Oposición bandera roja
Esta disparidad refleja, en parte, la profunda oposición a las leyes de bandera roja entre algunos de los alguaciles conservadores de Colorado y funcionarios políticos locales.
Más de la mitad de los 64 condados del estado se han declarado “santuarios de la Segunda Enmienda” en oposición al estatuto, basado en la garantía del derecho a portar armas de la Constitución de los Estados Unidos.
Esos condados incluyen El Paso, el hogar de Colorado Springs, donde los comisionados del condado aprobaron por unanimidad una resolución en 2019 condenando la legislación propuesta en ese momento.
Si bien el alguacil de El Paso, Bill Elder, expresó su escepticismo sobre las declaraciones de “santuario”, se opuso a la ley de bandera roja por preocupaciones sobre el debido proceso, según informes de los medios locales en 2019.
Había casi 2 mil condados santuario en Estados Unidos a fines de 2021, según SanctuaryCounties.com, un sitio web a favor de los derechos de armas.
Además, la Asociación Nacional del Rifle se opone a las leyes de bandera roja como infracciones inconstitucionales contra los ciudadanos respetuosos de la ley.
Intervención gubernamental
A raíz del tiroteo masivo de May, en una escuela primaria en Uvalde, Texas, el Congreso aprobó un proyecto de ley bipartidista sobre armas que incluye 750 millones de dólares en fondos federales que en parte tiene como objetivo alentar a los estados a implementar y mejorar las leyes de bandera roja.
Colorado recibirá 4.6 millones de dólares en el primer tramo de ese dinero, que se puede usar para financiar la capacitación de los socorristas, los miembros de la familia y el personal de la Corte sobre las leyes ERPO, así como también para investigar su efectividad.
A nivel estatal, la legislatura demócrata de Colorado creó el año pasado una nueva oficina de prevención de la violencia armada para coordinar los esfuerzos para combatir los tiroteos, lo que incluye crear conciencia sobre la ley de bandera roja y capacitar a las fuerzas del orden público sobre su uso.
Efectividad de las leyes de bandera roja
Los estudios sobre la efectividad de las leyes de bandera roja son limitados, pero sugieren que pueden marcar una diferencia real. Dos estudios han encontrado que se evitó un suicidio por cada 10 retiros.
Otro estudio publicado el mes pasado, que examinó las peticiones de ERPO en seis estados, encontró más de 650 casos de 2013 a 2020 que involucraron una amenaza de tiroteo masivo, aunque es imposible determinar cuántos de esos casos habrían resultado en violencia real.
“Estas leyes se pusieron en los libros exactamente para abordar los comportamientos peligrosos que a menudo son precursores de eventos violentos más grandes”, dijo Shannon Frattaroli, profesora del Centro Johns Hopkins para Soluciones de Violencia con Armas y una de las autoras principales del estudio.