En España, la alcaldía de Barcelona, busca actualizar la norma de 2005, para eliminar la posibilidad de sancionar a trabajadoras y trabajadores sexuales que laboran en la calle, para que la multa mayor recaiga sobre los clientes y la publicidad del sexo de pago, endureciendo los castigos ya dispuestos en su actual legislación.
Medios locales señalan que el anteproyecto deja sin efecto el apartado que indica que indica que “se prohíbe ofrecer o aceptar prestar servicios sexuales retribuidos en el espacio público”.
La normativa establece que en Barcelona la multa de 100 a 300 euros por ofertar servicios sexuales en la calle, se eleve de 300.01 a 750 euros en caso de hacerlo a menos de 200 metros de alguna escuela.
Con esta reforma, se plantea que la carga de la multa recaiga en las personas que solicitan el servicio de las y los trabajadores sexuales, “los y las agentes de la autoridad deben requerir a las personas que ofrecen estos servicios que se abstengan de hacerlo” en puntos habitualmente concurridos por menores de edad o donde exista peligro de causar un accidente de tráfico.
Agregan que los policías “también las han de informar de los programas y servicios municipales que presta el Ayuntamiento” para atenderlas.
Pero si las y los trabajadores sexuales laboran cerca de un colegio, se juzgará como un incumplimiento de una orden de las autoridades municipales, lo que la ordenanza califica como una infracción muy grave y grava con sanciones de mil 500,01 a 3 mil euros.
También han sugerido modificar un precepto para que estipule que “se prohíbe la solicitud o la aceptación por parte del demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tráfico público en las proximidades de lugares destinados al uso por parte de personas menores”.
Con ese cambio, se considerará que los clientes de las y los trabajadores sexuales incurren en una falta grave y podrán ser reprendidos con castigos de 601 a 30.000 euros.
Hasta la fecha, demandar y negociar servicios sexuales a pie de calle se penaliza con cuantías de 1,000 a 1,200 euros, que ascienden entre 1,200.01 y 1,500 euros si el trato se cierra a menos de 200 metros de centros docentes.
Para que esto suceda, esta propuesta está pendiente de recibir enmiendas para ajustarla y someterse a debate en junio o julio de este 2025 en el ayuntamiento, el primer corte al que el anteproyecto deberá medirse para seguir analizando.