El Tribunal Supremo de Brasil inició los juicios contra los presuntos responsables de los disturbios del 8 de enero, que pretendían destituir a Luiz Inácio Lula da Silva, una semana después de haber tomado posesión.
Ese día, el Tribunal Supremo, junto con el Palacio Presidencial y el Congreso fueron invadidos y saqueados por miles de partidarios del expresidente derechista, Jair Bolsonaro, quien también deberá comparecer.
El fiscal, Carlos Frederico Santos, calificó el caso como un hito para Brasil, que regresó a la democracia en la década de los ochenta, tras 20 años de dictadura militar.
“La acción criminal ideada por los agentes en la que participó el imputado tuvo el nefasto motivo de impedir continuamente el regular ejercicio de las facultades constitucionales y provocar la destitución del gobierno legítimamente constituido”, dijo Carlos Frederico Santos.
El 8 de enero, una semana después de la investidura del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y saquearon los edificios de la Presidencia, el Congreso y el STF inconformes con la derrota ajustada del ultraderechista en las presidenciales de octubre.
La fiscalía presentó un total de 232 denuncias contra los presuntos responsables de los delitos más graves, entre quienes se incluyen los cuatro primeros que serán juzgados en los próximos días: cuatro hombres, de entre 24 y 52 años.
“Ya hemos pasado página a los golpes de Estado en nuestra historia, y todos aquellos que se afilian a esa idea espuria de conquistar el poder mediante la violencia y fuera de las normas constitucionales han de responder por sus delitos”, afirmó el fiscal Carlos Frederico Santos, subprocurador general de la República.
Santos calificó el primer juicio contra Aecio Pereira, un exempleado de 51 años de la empresa de saneamiento del estado de Sao Paulo -según la prensa local-, como un “momento clave en la historia brasileña”.