La policía federal de Canadá indicó este jueves que investiga informes de que China estableció comisarías ilegales en su territorio y hostiga a los expatriados chinos.
Diversos medios locales, que citan al grupo defensor de los derechos humanos con sede en Madrid “Safeguard Defenders”, informaron esta semana que los puestos policiales instalados en una residencia, en un local comercial y en una tienda de conveniencia en el área de Toronto, se encuentran entre 54 en todo el mundo.
China negó las acusaciones y dijo que los lugares simplemente ofrecen servicios, como renovaciones de licencias de conducir, a ciudadanos chinos en el extranjero.
La Real Policía Montada de Canadá (PCMP) dijo en un correo remitido a la AFP que investiga los “informes de actividad delictiva en relación con las llamadas comisarías” y que “se toma muy en serio las amenazas a la seguridad de las personas que viven en Canadá“.
Agregó que “es consciente de que los estados extranjeros pueden tratar de intimidar o dañar a las comunidades o personas dentro de Canadá”.
Países Bajos lanzó una investigación similar.
Según “Safeguard Defenders”, la policía china utiliza las comisarías para llevar a cabo operaciones policiales en suelo extranjero y presionar a los ciudadanos chinos a que regresen a su país a enfrentar cargos penales.
En un informe de septiembre, la ONG dijo que “tienen un propósito mucho más siniestro y totalmente ilegal” de lo que Pekín reconoce, incluyendo seguimientos y búsqueda de objetivos.
Agregó que un total de 230 mil ciudadanos chinos fueron devueltos a su país entre abril de 2021 y julio de 2022, en su mayoría desde países de Asia, a través de estos métodos, que incluyeron “amenazas y acoso a familiares en casa o directamente al objetivo en el extranjero”.
La emisora pública de Canadá indicó que un periodista y activista de derechos chino que se mudó a Canadá en 1989 afirmó haber sido repetidamente objeto de acoso en línea por parte de funcionarios chinos.
“Ahora la estación de policía china está aquí, a solo unos kilómetros de mí, así que me pregunto a dónde más puedo escapar”, dijo el activista Sheng Xue.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que los informes son “completamente falsos” y la portavoz Mao Ning señaló que sus agencias de seguridad pública “cumplen estrictamente el derecho internacional y respetan plenamente la soberanía judicial de otros países”.
La embajada de Pekín en Ottawa afirmó un comunicado que estas oficinas son atendidas por voluntarios locales, no policías chinos, que ayudan a sus ciudadanos con trámites y que “no están involucrados en ninguna investigación criminal o actividad relevante”.