Canadá anunció el viernes sanciones contra 67 personas y nueve entidades por “violaciones graves y sistemáticas” de los derechos humanos en varios países, incluido Irán, donde tuvo lugar la primera ejecución de un manifestante por parte del régimen.
“La dignidad, la libertad y la justicia son pilares de la política exterior de Canadá”, dijo la ministra de Relaciones Exteriores de ese país, Mélanie Joly, en un comunicado.
“Mientras el mundo es testigo del pisoteo de los derechos humanos en lugares como Rusia, Irán y Birmania, recordamos que solo podemos generar cambios levantándonos y defendiendo los valores que nos son caros”.
Estas medidas fueron anunciadas con motivo de las jornadas mundiales de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.
Entre los afectados por las sanciones se encuentran 22 altos funcionarios iraníes de justicia, prisiones y las fuerzas del orden, así como colaboradores cercanos del líder supremo Alí Jamenei y medios de comunicación estatales.
“Denunciamos las sentencias draconianas en los más graves términos. Estas sentencias están dirigidas a intimidar a la población y a suprimir (…) el disenso. Esto no va a funcionar”, dijo la portavoz de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre.
El régimen iraní “debería saber que el mundo está observando”, añadió.
Ottawa y Washington dijeron estar “gravemente alarmados” por los reportes de violencia sexual “usados como un medio odioso para suprimir las protestas” junto con las duras sentencias impuestas a los manifestantes.
También Rusia y Birmania se vieron afectadas por las sanciones.
Seis entidades y 33 funcionarios actuales y anteriores en Rusia fueron sancionados por tomar represalias contra ciudadanos que se pronunciaron en contra de “la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia y las políticas antidemocráticas del régimen ruso”.
Rusia reaccionó a esa medida y prohibió a 200 canadienses entrar en su territorio.
Entre ellos figuran el ministro de Salud, Jean-Yves Duclos, la portavoz del Partido Conservador y el presidente de la comisión electoral.
Además, 12 personas y tres entidades de Birmania fueron objeto de sanciones canadienses por permitir que la junta atacara a civiles y facilitar la entrega de armas al régimen.