Diputados chilenos de izquierda e independientes impulsan un proyecto de ley que busca tipificar como delito y sancionar el negacionismo a las violaciones de los derechos humanos, cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990.
De aprobarse la iniciativa, se impondrán multas de hasta tres mil dólares y prisión hasta por 61 días a quienes aprueben, justifiquen y nieguen los delitos de lesa humanidad cometidos en este periodo.
El proyecto ha enfrentado una férrea oposición de diputados conservadores.
Afines a la derecha tradicional en Chile no sólo niegan los asesinatos, torturas y demás delitos de la dictadura, sino que siguen llamándola “gobierno restaurador del orden”.
“Es fundamental para una correcta comprensión del periodo que va entre la elección del Presidente Salvador Allende, el gobierno soviético, la Unidad Popular y el término del gobierno restaurador y de orden, que se conozca toda la verdad, y que sepamos también la intervención que tuvo el gobierno norteamericano durante este periodo, pero también sería importante que incorporemos la intervención de la Unión Soviética y de Cuba”, dijo Christián Araya, diputado Partido Republicano.
Durante el régimen pinochetista se registraron en Chile más de 40 mil casos de violaciones a las prerrogativas ciudadanas, incluyendo tres mil 200 asesinatos y desapariciones.
“Es que me parece una insolencia que la Cámara de Diputadas y Diputados empiecen a gritar los hijos de Pinochet, dictadura con ese desparpajo inaceptable. Yo sé que para ustedes es un chiste, para nosotros la diferencia es de miles que seguimos buscando”, expuso Lorena Pizarro, diputada del Partido Comunista.
De acuerdo con la encuesta de la firma Cerc-Mori “Chile a la sombra de Pinochet”, 36% de los chilenos apoyan el legado del régimen surgido del golpe de Estado en 1973.