El gobierno de Chile anunció este jueves la construcción de su segunda cárcel de alta seguridad como parte de una nueva estrategia contra el crimen organizado, tras una inusual ola de violencia que desde el fin de semana dejó 16 muertos tan sólo en Santiago.
“He instruido la construcción de un nuevo recinto especial de alta y máxima seguridad que permitirá el control efectivo de los criminales líderes de las bandas organizadas”, dijo el presidente Gabriel Boric, al término de un gabinete de Seguridad.
Con un costo de casi 100 millones de dólares, el nuevo presidio albergará a 500 reclusos y se levantará en la región metropolitana, azotada por una ola de inseguridad que el gobierno vincula con el crimen organizado.
Aunque Chile es uno de los países menos peligrosos de América Latina -la región con la tasa de homicidios más alta en el mundo según la ONU-, estudios de opinión ubican la inseguridad como la principal preocupación de sus ciudadanos.
Esto a raíz del incremento de delitos violentos que involucran a bandas como el ‘Tren de Aragua’ de origen venezolano, y cuyas acciones -asesinatos y extorsiones principalmente- se han extendido a varios países.
Boric decidió endurecer la política anticrimen tras una serie de homicidios que estremecieron a Santiago entre el viernes y martes.
Sólo en un tiroteo murieron cuatro hombres y una mujer, y seis personas resultaron heridas -al parecer todos extranjeros-, que participaban en una fiesta en las afueras de la capital.
No será a lo Bukele
Boric no precisó la fecha para la entrada en funcionamiento del nuevo penal, pero anticipó que enviará un proyecto al Congreso para acelerar su construcción.
Asimismo, anunció la creación de una fuerza especializada de gendarmes para la vigilancia de las cárceles de alta seguridad.
“En Chile no vamos a permitir lo que ha sucedido en otros países, en donde el crimen organizado se ha tomado las cárceles sin control del Estado. En Chile eso no va a suceder”, afirmó Boric.
Sin embargo, aclaró que no “seguirá el modelo salvadoreño“, donde decenas de miles de presos están recluidos en una megacárcel bajo la vigilancia de policías y militares. Señalados de pertenecer a las pandillas, duermen en literas de láminas de acero, sin colchón ni almohada.
En América Latina, países como Honduras, Ecuador o Argentina han mostrado interés en tomar como referencia la política del presidente Nayib Bukele.
¿Militares a las calles?
El gobierno también prevé reforzar el aparato estatal de inteligencia con policía, fiscalía y gendarmería, y reasignar efectivos que cumplían labores administrativas a tareas de vigilancia.
Un contingente de 500 policías recién egresados será destinado a Santiago.
“El año pasado, los homicidios disminuyeron un 6%. Sin embargo, esto no es suficiente, en particular en la región metropolitana”, dijo Boric.
Entre 2014 y 2023, los homicidios aumentaron un 60% en Chile, un 46% las agresiones sexuales y un 11% los robos con violencia, según cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Parlamentarios de la oposición y algunos oficialistas piden al gobierno que decrete el estado de sitio, bajo el cual podría enviar militares a las calles y restringir el derecho de reunión o autorizar el arresto de personas dentro de sus domicilios.
“El gobierno debe decretar estado de sitio en la Región Metropolitana”, solicitó el senador oficialista José Miguel Insulza, exsecretario de la Organización de Estados Americanos. La delincuencia “se puede ir naturalizando y, si eso ocurre, entraremos en zona de no retorno”, añadió.
La última vez que se decretó el estado de sitio en Santiago fue en 1986, luego de un atentado contra del dictador Augusto Pinochet (1973-1990).
Carolina Tohá, ministra del Interior y Seguridad, rechazó el estado de sitio, pero aseguró que la “participación de militares no se descarta”.