El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, exigió que Pekín rinda cuentas por el “genocidio” contra los uigures (el principal grupo étnico de Xinjiang) al referirse al informe de la ONU que señala abusos de los derechos humanos en la región autónoma china de Xinjiang.
Blinken dijo que Estados Unidos “acoge con beneplácito el importante informe” publicado minutos antes de que la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien fue fuertemente criticada por Washington por una reciente visita a China, dejara su cargo.
“Este informe refuerza y reafirma nuestra grave preocupación por el genocidio y los crímenes de lesa humanidad que las autoridades gubernamentales de la República Popular China están cometiendo contra los uigures”, dijo Blinken un comunicado.
Dijo que seguirán reclamando a la República Popular China para que libere a las personas injustamente detenidas, rinda cuentas por los desaparecidos y permita a los investigadores independientes el acceso completo y sin obstáculos a Xinjiang, el Tíbet.
El documento de la ONU detalló una serie de violaciones de derechos humanos, incluida la tortura y el trabajo forzoso contra los uigures y otras minorías, en su mayoría musulmanas.
Según sostiene, China puede haber cometido “crímenes contra la humanidad”, pero no llegó a calificar de “genocidio” su trato a los uigures, una acusación formulada desde principios de 2021 por Estados Unidos y retomada desde entonces por varias otras naciones occidentales.
¿Qué pasa con los uigures?
Occidente asegura que se está produciendo un nuevo genocidio ante nuestros ojos. China dice que es una cuestión de seguridad y que apenas está reeducando a un sector de la población para mejorar la convivencia entre las diferentes etnias.
Lo cierto es que en los últimos cuatro años al menos dos millones de personas, la gran mayoría de la etnia de los uigures, una minoría predominantemente musulmana en la región de Xinjiang, en el occidente del país, pasaron por una extensa red de centros de detención en toda la región.
Los exdetenidos aseguran que fueron sometidos a un intenso adoctrinamiento político, trabajos forzados, torturas y abusos sexuales.
Estados Unidos, Reino Unido y Unión Europea (UE) reaccionaron e impusieron sanciones contra funcionarios chinos y empresas de ese origen por su responsabilidad en la represión. En la lista, figuran altos jerarcas regionales y autoridades del Partido Comunista de Xinjiang a los quienes se les congelaron sus activos en la UE y les retiraron las visas.
“Usaremos el nuevo régimen global de sanciones para la defensa de derechos humanos”, dijo al llegar a la reunión el canciller francés, Jean-Yves le Drian, recordando las recientes sanciones de la UE a funcionarios rusos por la detención del opositor Alexey Navalny.
China respondió de inmediato y anunció represalias contra diez funcionarios europeos, incluidos dos parlamentarios, así como contra cuatro organizaciones de DD.HH. internacionales.
El 19 de enero, un día antes de dejar su cargo, el Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, aseguró que las acciones de China contra el grupo minoritario uigur constituían “genocidio y crímenes contra la humanidad.”
Antony Blinken, el sucesor de Pompeo, dijo que estaba de acuerdo con esta caracterización en su audiencia de confirmación. La noción de que se está produciendo un genocidio en pleno siglo XXI parece descabellada, pero las pruebas de las atrocidades que China está cometiendo contra los uigures son innegables.
Más de un millón de uigures y otros pueblos musulmanes de la región occidental china de Xinjiang se encuentran en este momento en campos de internamiento masivo, prisiones y otras instituciones penales donde son sometidos a estrés psicológico, tortura y a violaciones sistemáticas.