El gobierno chino desplegó más de un centenar de centros de detención ilegales y retornos involuntarios en el mundo de ciudadanos y ciudadanas disidentes, incluso en países con los que mantienen tratado de extradición, que no utiliza.
Los centros de servicio policiales en el extranjero, establecidos por oficinas de seguridad pública de al menos las provincias de Zhejiang y Fuzhouel, se ocupan del retorno ilícito de personas migrantes, desde instalaciones camufladas, como en Italia, denuncia la organización “Safeguard Defensers”.
El cartel al exterior de este local, en la ciudad toscana de parto, indica que es un centro cultural, pero la investigación del organismo ciudadano afirma que es una de las 110 comisarías ilegales chinas repartidas en el mundo.
En estos lugares llevaron a cabo operaciones para reforzar el retorno de personas migrantes. El más reciente informe de esta entidad reporta que en al menos 83 casos se han utilizado locales similares para obligar a disidentes chinos regresar a su país.
El local en prato lleva semana cerrado desde que salieron a la luz las primeras denuncias y las autoridades parecen comenzar a tomar en serio el asunto, a decir de la diputada Erika Maccieti, tras unirse con el ministro del interior, Matteo Plantedossi.
“El ministro ha dicho que se ha abierto una investigación para estudiar el asunto”, dijo la diputada, mientras Beijing niega las acusaciones.