El 10 de marzo comenzó el juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de ‘Manuela’, una mujer que fue imputada por 30 años, con el cargo de homicidio agravado, cuando sufrió una emergencia obstétrica que le provocó un aborto. Hoy se presentó la segunda audiencia pública para continuar con el caso.
- La demanda fue presentada en 2012, un par de años después del fallecimiento de ‘Manuela’, cuando el Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En 2019, la Comisión lo presentó ante la CIDH con la consideración de que el Estado violó los derechos humanos de ‘Manuela’ al negarle el acceso a una vida libre de violencia de género y sin discriminación, su derecho a la vida, a la salud y su derecho a la protección y garantías judiciales.
Durante las audiencias se presentaron las argumentaciones para analizar el caso. Se resaltó que en El Salvador, según los representante de las víctimas,:
Tenemos problemas con las leyes incluida la que penaliza el aborto y con la interpretación y la foma en que se aplican. También con las políticas públicas relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.
Esto responde a un contexto de suma complejidad en el que el aborto está prohibido, según lo establecido en el Código Penal; además, prevalece la ausencia de políticas y leyes que protegan, reconozcan y garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, mujeres y adolescentes.
Las mujeres que han sido encarceladas no son acusadas directamente por el delito de aborto, sino por el delito de homocidio agravado (como sinónimo de infanticidio) luego de sufrir emergencias obstétricas. Y es que la agenda política y penal han estado bajo las decisiones conservadoras del sector eclesiástico, los partidos conservadores (ultraderechistas) y Organizaciones Civiles de corte religioso.
En los últimos años organizaciones feministas y a favor de los derechos humanos, han luchado por exigir la despenalización del aborto. Además, después del caso conocido como ‘Las 17’, se ha buscado que las iniciativas sean discutidas en la Asamblea Legislativa, sin obtener respuesta del pleno.
El caso de ‘Manuela’ fue por complicación obstétrica, pero su acusación estuvo vinculada a la forma en que se interpreta la norma sobre aborto y a la forma en que se aplica la legislación penal, tal como señaló una de las representantes de las víctimas.
De conformidad con lo expuesto en la audiencia, la jueza de la Corte estipuló que tanto los representantes de las víctimas, del Estado Salvadoreño y la Comision cuentan con un plazo hasta el 12 de abril para presentar los alegatos y observaciones finales escritas con excepciones y eventuales reparaciones y costos.
👩🏽⚖👨🏿⚖ Se levanta la sesión. Ha finalizado la segunda jornada de la Audiencia Pública del Caso Manuela y otros Vs. El Salvador 🇸🇻.
— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) March 11, 2021
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‘Manuela’: una víctima del sistema penal salvadoreño
‘Manuela’ es el pseudónimo de una mujer salvadoreña, que tenía 30 años al momento de su detención, en 2008. Vivía en Cacaopera, en el departamento de Morazán, una zona predominantemente rural.
Era una mujer de escasos recursos económicos y analfabeta. Morazán, según datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del Ministerio de Economía, hasta el 2019, es uno de los departamentos que presenta los mayores índices de pobreza (extrema y relativa) junto a Ahuachapán, San Vicente y Usulután, a nivel nacional.
‘Manuela’ se dedicaba al hogar y tenía dos hijos. Sin embargo, en 2008, su historia tuvo un vuelco: mientras lavaba en el río, un intenso dolor abdominal la llevó a una letrina en donde tuvo una grave emergencia obstétrica que le provocó un aborto.
Se desmayó y fue llevada al hospital. Al despertar, el personal médico la denunció por el delito de aborto y fue capturada mientras se encontraba hospitalizada. Su proceso no sólo presentó irregularidades, sino también violaciones a sus derechos y garantías jurídicas: fue interrogada sin la presencia de un abogado o abogada y su familia fue intimidada y obligada a declarar en su contra.
‘Manuela’ fue sentenciada a 30 años de prisión, en un juzgado de Cacaopera, por el supuesto delito de homicidio agravado (este como sinónimo de infanticidio). El juzgado determinó que “había matado al ‘recién nacido’ al arrancarle violentamente el cordón umbilical y tirarlo en una letrina, donde muriό asfixiado.” Un año después del encarcelamiento, ‘Manuela’ fue diagnosticada con cáncer linfático, pero no recibió el tratamiento requerido para tratar su enfermedad.
En 2010, falleció sin obtener justicia y sus hijos quedaron bajo la tutela de sus abuelos maternos. Su caso fue presentado ante la Comisión de Derechos Humanos, un par de años después, para iniciar un litigio en contra del Estado Salvadoreño, ya que su proceso tuvo irregularidades y cargas de estigmatización, criminalización y estereotipos de género lo que afectó en su acceso a la justicia.
Su caso, como el de Aracely, Lorena, Marcela, María, Mirna, Guadalupe, Karina, Teodora y otras mujeres salvadoreñas, responde a un contexto de violación de derechos humanos y violencia de género, en el que las principales víctimas del sistema son las mujeres, niñas y adolescentes cuyas vidas se encuentran vulnerabilizadas al atravesar otras tantas violencias y al no tener garantías, protección y respeto de sus derechos, por parte del Estado.