La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las violaciones a los derechos humanos denunciadas en el contexto del cierre de las elecciones generales en Nicaragua realizadas el 7 de noviembre y llamó al Estado a cesar las detenciones arbitrarias, asedios y hostigamiento en contra de personas y organizaciones de oposición política al Gobierno. Entre el 5 y 7 de noviembre, la CIDH recibió información sobre el incremento del asedio policial, actos de hostigamiento, allanamientos, amenazas y detenciones arbitrarias, en contra de líderes y lideresas de oposición, activistas de derechos humanos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas, en diferentes departamentos del país. Estos actos habrían sido perpetrados en su mayoría por agentes policiales, parapoliciales y simpatizantes del gobierno. Según la información recibida, por lo menos 23 personas habrían sido detenidas arbitrariamente en nueve departamentos, sin orden de captura y sin brindar información a familiares, indicándoles que debían esperar 48 horas para recibir información adicional. Además, integrantes de los ex Consejos del Poder Ciudadano (CPC) habrían visitado viviendas, llamando a votar por el partido de gobierno, como forma de intimidación. Asimismo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) observó con preocupación los múltiples reportes sobre restricciones a la libertad de prensa en el contexto de la jornada electoral. Ejemplo de ello: la prohibición de acercamiento de reporteros a los colegios electorales; actos de hostigamiento a medios de comunicación y periodistas; la detención temporal de periodistas y la incautación de los equipos personales y de trabajo; la obligación de transmitir en cadena nacional un discurso presidencial en plena jornada electoral; la transmisión en medios oficialistas de propaganda electoral, violando las leyes internas en la materia, entre otros. Se conoció también sobre la detención de un líder estudiantil; así como represalias en contra de personas que no habrían mostrado prueba de haber votado como el dedo manchado con tinta indeleble. En particular, a las y los estudiantes de medicina se les habría prohibido el ingreso a universidades públicas y privadas y a hospitales donde realizan sus prácticas como forma de retaliación; lo mismo habría ocurrido con el personal médico de hospitales públicos que en algunos casos, fueron despedidos. La CIDH urgió al Estado de Nicaragua a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente en contexto electoral y desde el inicio de la crisis, a cesar los ataques en contra de opositoras y opositores, y toda acción que afecte los derechos de periodistas y a los medios de información.