Bolivia debe proteger a las niñas de la violencia sexual y los embarazos forzados, afirmó este martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de que una adolescente de 11 años fuese violada por su abuelastro.
La niña se encuentra en un albergue de la Iglesia católica, que se niega a que se someta a un aborto.
Las autoridades locales, el personal médico y la madre de la menor también se oponen.
La madre afirma que tanto ella como su hija quieren que el bebé nazca y que después decidirán si lo crían o lo dan en adopción.
El embarazo de niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual pone en riesgo su vida, salud física y mental, y afecta su autonomía integral”, recalcó la CIDH.
El embarazo infantil y adolescente es un problema en el hemisferio, con cerca de 10 millones de casos al año, advirtió la CIDH.
Según datos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Género y Juvenil, han habido 561 casos de violación contra niñas, niños y adolescentes en el país hasta abril de este año.
El caso de la adolescente reabrió el debate entre quienes opinan que debe abortar y quienes se oponen tajantemente, como el arzobispado de Santa Cruz, departamento donde reside la víctima.
La Defensoría dijo que emprenderá medidas legales para que se reencamine el procedimiento de interrupción legal del embarazo, sin viciar el consentimiento de la menor.
Las víctimas de violencia sexual deben acceder a los servicios de salud y a la información para tomar las decisiones y dar el consentimiento sobre cualquier procedimiento”, insistió la CIDH.
La legislación boliviana estipula que el “aborto incondicional” es constitucionalmente inadmisible pero cuando es consecuencia de un delito de violación “no se aplicará sanción alguna”.