Ante el impacto desproporcionado que ha tenido la pandemia de COVID-19 en América, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) expresaron su preocupación por los obstáculos existentes para el acceso universal y equitativo a las vacunas, especialmente para los países de bajos y medianos ingresos. En particular, respecto de ciertos grupos en situación de extrema vulnerabilidad o discriminación histórica. A diez meses del comienzo de la inmunización contra el COVID-19 en la región, la Comisión y la Relatoría Especial DESCA reiteraron de manera enfática que las vacunas son un bien público mundial y regional, frente al que se requiere no sólo que se tomen medidas concretas para asegurar su alcance a todas las personas –bajo el principio de igualdad y no discriminación-, sino que a su vez se asegure que la equidad sea un componente clave para su distribución entre los países y dentro de los mismos. La CIDH y REDESCA expusieron que hasta octubre hay algunos países en la región de las Américas que han vacunado a más de 70% de su población, pero la mayoría no supera 40% de cobertura con esquema de vacunación completo. De esos, países no han alcanzado siquiera a 20% de su población vacunada y requerirían mayor apoyo internacional, como es el caso de: Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Haití, Guatemala y Nicaragua. Al respecto, la OEA ha estimado que 90% de las personas en países de bajos ingresos no tendrán acceso a ninguna vacuna contra COVID-19 en el año 2021. Por su parte, la CEPAL prevé que la región no alcanzará a vacunar a 80% de su población en este año. Dicha situación, que tiene la capacidad de prolongar la emergencia sanitaria a nivel mundial y regional, sería resultado no sólo de la presencia de variantes peligrosas -tales como la Delta o la P1 del coronavirus, con mayor carga viral y capacidad de trasmisión-, sino a su vez del acceso inequitativo a las vacunas entre países y dentro de los mismos, con un impacto desproporcionado en los de bajos y medianos ingresos. A lo anterior se suma un panorama regional complejo que agrava esta situación, que a la fecha se ha caracterizado por un alto escepticismo público hacía las vacunas; la ausencia de planes de vacunación y hojas de ruta para la inmunización, así como retrasos en la implementación de los planes de vacunación en algunos países de la región o la falta de su difusión activa. Asimismo, en al menos cinco países de la región salieron a la luz pública hechos de corrupción en los procesos de inmunización, en los que de manera irregular se priorizó el acceso a las vacunas a personalidades políticas, funcionariado público y/o personas empresarias reconocidas, junto a sus personas cercanas, pese a no hacer parte de los grupos prioritarios.