Ante un capitolio estatal ausente y sin respuestas, madres, padres y familias enteras de Texas reclamaron a legisladores estatales actuar ya contra la venta de armas de alto poder a menores de 21 años y evitar nuevas tragedias como la de la escuela de Uvalde.
El tiroteo de Uvalde, el peor que se registró en una escuela de Estados Unidos en la última década y que dejó 21 personas sin vida, sucedió 10 días después de que otro joven de 18 años irrumpiera con un rifle de asalto AR-15 en un supermercado de Buffalo, Nueva York, para asesinar a 10 afroamericanos.
La protesta de hoy en Austin, capital texana, se realizó un día después que un juez federal en Texas anuló una legislación nacional que prohibía a personas de 18 a 20 años adquirir armas de fuego.
La decisión se basó en que la ley contradice el derecho constitucional de los ciudadanos a portar armas.
“Es hora de apoyar a la mayoría de los tejanos y aumentar la edad de compra y posesión de un arma de asalto a 21 años”, dijo uno de los oradores durante la protesta.
Por su parte, Anna Rodriquez, madre de Maité, una de las pequeñas alumnas asesinadas en la primaria de Uvalde, pidió a los congresistas de Texas eliminar ‘incongruencias que cuestan vidas’.
“Necesitamos un cambio. Este chico tenía 18 años, 18 años. Ni siquiera podía comprar cerveza, pero pudo comprar una AR-15. Hay algo que no está bien ahí”, señaló Anna Rodríguez, mamá de Maité, víctima de Uvalde.
Mientras tanto, la inconformidad social crece pese al reciente despido del policía a cargo de la respuesta al tiroteo de Uvalde.
El oficial a cargo de coordinar la respuesta policial fue despedido este miércoles, según medios estadounidenses.
La junta escolar de Uvalde votó de manera unánime por terminar el contrato del jefe de policía del distrito, Pete Arredondo, informó el Texas Tribune.
El jefe de seguridad pública del estado había dicho anteriormente que Arredondo “antepuso la vida de los funcionarios a la de los niños” y tomó “terribles decisiones” en medio del tiroteo.
La policía estuvo bajo un intenso escrutinio por su manejo de la situación, ya que más de una decena de oficiales esperaron alrededor de una hora afuera de los salones de clases en donde ocurría la masacre de los niños antes de entrar a las aulas y abatir al agresor.
Arredondo, suspendido en junio mientras avanzaba la investigación, pidió más temprano el miércoles que se levantara la suspensión, por medio de un comunicado de su abogado.
“El jefe Arredondo no participará en su propio linchamiento público, ilegal e inconstitucional, y solicita respetuosamente a la junta su reinstalación inmediata, con todos los pagos y beneficios atrasados, y que archive la denuncia por considerarla infundada”, indicó el abogado George Hyde en un comunicado.
El mes anterior, legisladores texanos criticaron en un informe que entre el momento en que llegó un primer oficial al lugar y la muerte del agresor transcurrieron 73 minutos, un “periodo de tiempo inaceptablemente largo”.
“La falta de liderazgo puede haber contribuido a la pérdida de vidas”, señalaron.
Estados Unidos ha sufrido en los últimos meses numerosas y brutales masacres por tiroteos.
En junio, congresistas estadounidenses aprobaron la primera normativa importante para el control de armas en casi 30 años, menos de 24 horas después de que el Tribunal Supremo reforzara el derecho constitucional a portar armas.
