El gobierno de Colombia presentará al Congreso un proyecto de ley que ofrece de seis a ocho años de cárcel a narcos a cambio de que abandonen su actividad y reparen a las víctimas, entre otros beneficios, explicaron este jueves los autores del texto.
“Estas organizaciones criminales deben reconocer la responsabilidad, dar verdad a las víctimas, desmontar los aparatos criminales, entregar secuestrados, menores reclutados, armas, inventarios de bienes, rutas del narcotráfico, mecanismos de lavado de activos, decir quiénes son sus colaboradores y si esto sucede se pueden someter a la justicia con ciertos beneficios”, dijo el congresista oficialista Alirio Uribe, uno de los redactores del texto.
El proyecto de ley será presentado este jueves a un organismo asesor del gobierno en temas de política criminal y tras su visto bueno será enviado para debate en el Congreso.
Desde que llegó al poder el 7 de agosto, el presidente Gustavo Petro está empeñado en extinguir el último conflicto interno del continente mediante negociaciones con los grupos que siguieron en armas tras el acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla de las FARC, convertida en partido de izquierda.
En el marco de su proyecto de “paz total“, el gobierno creó la llamada “ley de sujeción y desmantelamiento de estructuras criminales” que discutirá el legislativo en las próximas semanas.
La nueva normativa vincula a grupos armados con organización jerárquica y sin origen político que tengan la voluntad de deponer las armas. Para ellos el gobierno contempla penas reducidas de entre seis y ocho años de cárcel, además de la posibilidad de conservar hasta un 6% de su patrimonio ilícito.
“Después de la permanencia en la cárcel tendrán un periodo adicional de cuatro años, una especie de libertad condicional con actividades de reparación a las víctimas”, precisó el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
El proyecto de ley no modifica los tratados de extradición vigentes, ni crea una justicia especial como la surgida del proceso de paz con las FARC.
Los grupos con “estatus político y de beligerancia” quedan excluidos de este marco normativo.
En armas desde 1964, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) adelanta negociaciones de paz con el gobierno desde noviembre.
Petro ha denunciado el “fracaso” de la lucha antidrogas y planteado un nuevo enfoque centrado en la disuasión del consumo en los países desarrollados.
Al cabo de cuatro décadas de persecución del narcotráfico, Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína y Estados Unidos su principal mercado.
El Clan del Golfo, la mayor banda narco del país, el ELN y las disidencias que se marginaron del pacto de paz se nutren de las rentas del contrabando de drogas y la minería ilegal.