El condado de San Diego, en California, Estados Unidos, acordó pagar 1.35 millones de dólares para resolver una demanda presentada por la madre de un mexicano que murió después de que policías lo detuvieran en 2018, dijeron las autoridades.
“La demanda presentada por Dolores Rosales, de Tijuana, alega que los agentes emplearon fuerza excesiva cuando arrestaron a su hijo Marco Antonio Nápoles Rosales, en agosto de 2018”, informó el San Diego Union-Tribune.
El Tribunal afirmó que los agentes utilizaron una pistola eléctrica, su peso corporal y algo para amarrarlo y someter a Nápoles, que era sospechoso de haber entrado sin autorización a una gasolinera de Fallbrook.
El mexicano perdió el conocimiento durante la detención y fue trasladado a un hospital, donde murió al día siguiente.
Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en San Diego, afirmó que la madre de Nápoles y el Consulado se sentían satisfechos con el acuerdo y contentos de que la demanda haya sacado a la luz las circunstancias de su muerte.
“Que este caso nos recuerde a todos que el uso excesivo de la fuerza no es aceptable bajo ninguna circunstancia”, dijo González.
Detención que llevó a Marco Antonio Nápoles a la muerte
Marco Antonio Nápoles Rosales, era un peluquero y estudiante sin antecedentes penales. Al momento de su detención no se encontraba armado, pero fue arrestado afuera de una tienda de conveniencia de una gasolinera por mostrar actitudes sospechosas y negarse a abandonar el lugar.
Oficiales del Alguacil utilizaron técnicas de fuerza mayor, descargas eléctricas y uso de presión en la cabeza, cuello y cuerpo completo de la víctima hasta el punto en el que su cuerpo dejó de responder perdiendo la vida.
Antonio recibió hasta cinco descargas eléctricas y fue sometido ante la fuerza de cuatro oficiales haciendo presión sobre su cuerpo contra el suelo mientras que el joven gritaba por ayuda y suplicaba a los oficiales que lo ayudaran en levantarse.
Un examen toxicológico encontró metanfetamina y anfetamina en su sangre cuando falleció.
Tras examinar la causa muerte de Nápoles, los fiscales decidieron que no se presentarían cargos penales contra los agentes que hicieron un uso excesivo de la fuerza contra él.