El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) denunció y repudió el asesinato Aly Domínguez y Jairo Bonilla, defensores del medioambiente, ocurrido en la ciudad de Tocoa, región de Colón, en Honduras, el pasado 7 de enero
Copinh aseguró que ese crimen respondió a su labor en la defensa de los ríos Guapinol y San Pedro y del Parque Nacional “Carlos Escaleras” y que responde a los intereses de la cúpula económica.
El Consejo pidió que se realice una investigación sobre estos crímenes y que sea independiente, dado que el sistema de justicia hondureño está plegado de intereses empresariales y son partícipes del despojo de los territorios, acusó Copinh, organización fundada por Berta Cáceres.
Pidieron que la primera línea para agotar en la investigación sea el trabajo que hacían como defensores, por lo que urgieron que investiguen a la empresa minera Inversiones Pinares, quien se dedica a extraer óxido de hierro en la zona de montaña de Honduras.
“Al Gobierno de Xiomara Castro, especialmente a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, que avance de manera seria, responsable y profesional en la cancelación de la concesión de la empresa Inversiones Los Pinares para la explotación de óxido de hierro que amenaza la vida de la población aledaña”, señala Copinh.
Además, pidieron al Mecanismo de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, que cumpla efectivamente, en la salvaguarda de la vida de las personas de la zona amenazadas por su trabajo.
Desde 2018 esta mina a cielo abierto ha provocado un conflicto social en la zona. Las comunidades afectadas, y los defensores, han exigido que se detengan las actividades mineras, que se realice una consulta comunitaria y que se rescinda el decreto que permitió la entrada de este proyecto al área de amortiguamiento del Parque Nacional Montaña de Botadero, un área protegida desde 2012.
Este lugar se compone de aproximadamente 100 mil hectáreas y es cuna de una de las redes hídricas más importantes de la región que conecta con dos departamentos: Colón y Olancho. De ese lugar emanan 34 microcuencas que abastecen a seis municipios y benefician a cerca de 42 mil habitantes: Tocoa, Sabá, Gualaco, Olanchito, Bonito Oriental y San Esteban.
Aly Domínguez y Jairo Bonill, de 38 y 28 años, fueron activos en la lucha contra este proyecto. Bonilla fundó y participó en el “Campamento por el Agua y la Vida”. De acuerdo con información de medios locales e internacionales, fueron asesinados mientras trabajaban.
Las autoridades argumentaron que se trató de un presunto asalto. Ambos murieron por impacto de bala. Sin embargo, la comunidad de Tocoa deshecha tal versión, dado que la motocicleta en la que viajaban fue encontrada, también el dinero, aunque ambos tenían impacto de bala en la sien.
Por este crimen también se pronunció la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) quien condenó el asesinato de Domínguez y Bonilla.
También se pronunció la Secretaría de Derechos Humanos, por parte del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, quien señaló que el crimen se da en un contexto de hostigamiento, amenazas, criminalización y atentados, contra las personas que defienden al medio ambiente.
Agregó que por tal razón se ordenó la ampliación del estado de excepción en el departamento de Colón y la revisión de las medidas de protección para las personas defensoras y las familias de Guapinol.
De acuerdo con Global Witness, en 2021, América Latina se ubicó como la región más peligrosa para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. México, Colombia y Brasil concentraron los números más altos a nivel mundial. Entre 2012 y 2021, Honduras, registró 117 ataques letales contra personas defensoras del medioambiente.