Un tribunal belga condenó este jueves a 20 años de cárcel a un diplomático iraní por planear un atentado con explosivos contra una reunión de opositores iraníes en Francia en 2018, en la que participó Ingrid Betancourt.
Assadollah Assadi fue acusado de tentativas de asesinato de carácter terrorista y participación en las actividades de un grupo terrorista.
El hombre de 49 años niega toda responsabilidad en los hechos.
El abogado de Assadi, Dimitri de Béco, dijo que el diplomático iraní seguramente presentará una apelación.
Primero debo analizar atentamente la condena con mi cliente”, comentó Dimitri de Béco.
En tanto, un portavoz de la Comisión Europea (CE) señaló que la institución analizará las implicaciones de la sentencia, aunque condenó los actos inaceptables del diplomático iraní.
El Tribunal de Amberes también condenó a otras tres personas de ciudadanía belga aunque de origen iraní a penas de entre 15 y 18 años de cárcel por complicidad en la tentativa de perpetrar el atentado con explosivos.
La pareja formada por Nasimeh Naami, de 36 años, y Amir Saadouni, de 40, recibió de manos de Assadi medio kilo de explosivos y un detonador, aunque ambos fueron arrestados en Bélgica cuando se desplazaban a Francia para perpetrar el atentado.
Naami fue sentenciada a 18 años de prisión y Saadouni a 15.
En tanto, el iraní Mehrdad Arefani, de 57 años y quien tenía la misión de guiar a la pareja hasta el lugar del atentado, fue condenado a 17 años.
La Fiscalía de Amberes ya había solicitado la pena de 20 años contra Assadi el pasado 27 de noviembre.
De acuerdo con la inteligencia francesa, el objetivo del grupo ahora condenado era hacer estallar un artefacto en un congreso que un grupo opositor iraní organizó en junio de 2018 en Villepinte, en la afueras de París.
El Gobierno francés acusó a los servicios de inteligencia de la república islámica de estar detrás del la tentativa de atentado, algo que el gobierno iraní siempre ha negado.
En Teherán, el Gobierno iraní condenó este jueves con firmeza el fallo contra Assadi, al considerar que tanto el proceso judicial como el veredicto son ilegales y violan de forma flagrante el derecho internacional.